Irá a juicio oral Diego "Demonio" García: el exjugador de Estudiantes acusado de violar a una joven

El juez de Garantías de La Plata Pablo Raele confirmó el pedido de la fiscal Cecilia Corfield y elevó a juicio oral la causa en la que se investiga a Diego García por presunto abuso sexual.

Se trata del hecho en el que el ex jugador de Estudiantes fue denunciado por una joven de 22 años en febrero del año pasado, quien asegura que fue atacada sexualmente y en contra de su voluntad, en el baño de un country donde se desarrollaba una fiesta entre varios jugadores del club albirrojo.

En la requisitoria de la fiscal que investiga la causa, Cecilia Corfield, titular de la UFI Nº 15, al consideraba que el imputado “recurrió a la violencia física”.

Cuando la denuncia salió a la luz, Diego Gonzalo García Cardozo se mudó a la provincia de Entre Ríos y se puso la camiseta del club Patronato de Paraná.

Durante sus días como jugador, el futbolista no la pasó nada bien, ya que su llegada al “Patrón” desató la reacción por parte de organizaciones feministas y mujeres afines a la institución.

Es que luego que se conociera la denuncia realizada hace un año atrás, inmediatamente el club Estudiantes de La Plata activó su protocolo institucional previsto para estas situaciones y, de manera preventiva, lo separó del plantel.

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La medida fue directa, ni siquiera se le permitió formar parte del entrenamiento a partir de ese momento.

Vale destacar que el jugador todavía tiene contrato vigente con el Pincha, hasta junio del 2023, ya que se fue a préstamo a Paraná, pero desde La Plata ya descartaron su renovación. 

En ese marco, el abogado que representa a la víctima, Marcelo Peña, había solicitado la detención del jugador en febrero pasado, al cumplirse un año del hecho. Sin embargo, la fiscal no hizo lugar al planteo.

Actualmente, Diego García tiene prohibido salir del país, pero desde la propia fiscalía se manifestó que “mientras cumpla con las restricciones que le corresponden, tiene derecho a transitar el proceso en libertad”. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de entre seis y quince años de prisión efectiva.