Los allanamientos realizados en Florencio Varela y Berazategui permitieron detectar la supuesta existencia de un denominado centro de rehabilitación de las adicciones, que presuntamente promocionaba un conocido conductor televisivo y que, de acuerdo a fuentes policiales y a las primeras pruebas colectadas, funcionaban en dos verdaderos “chiqueros”. Al mismo tiempo, las personas que allí se atendían habrían estado obligadas a realizar determinados trabajos, en un estado de verdadera servidumbre.

Tal como se vino detallando en este diario, en las últimas horas al menos ocho víctimas habrían llegado a la Justicia para relatar las historias que sufrieron en esa llamada comunidad terapéutica: “Hambre, frío y ratas; manipulación y mentiras; vulnerabilidad extrema”, dijeron padecer a diario esas personas.

En los primeros pasos de la investigación judicial, los pesquisas atravesaron barro y mugre, instalaciones casi infrahumanas, con camas cucheta desvencijadas y alimentos en mal estado. Se toparon asimismo con ranchos precarios, casillas montadas por los internos, un patio de tierra pelada donde funcionaba una cocina a leña, una olla carbonizada para guisos de polenta batidos con un trozo de madera. Luego, encontraron una estructura bajo techo de chapa con pequeños muros internos, lo que parecía un corral porcino. En ese “chiquero”, como lo tildaron los investigadores, los que no obedecían las órdenes de las autoridades supuestamente dormían a la intemperie.

Uno de ellos dijo que recurrió a través de Facebook y que la cuota era de $30.000 por mes: “Cuando entré y se enteraron de que tenía el oficio de albañil me pusieron a trabajar. Comencé por terminar cuatro habitaciones, con la ayuda de algunos internos y desde horas de la mañana hasta las siete de la tarde. Luego construí una oficina completa. Nunca recibí un pago a cambio de ello, ya que me decían que todo era ‘parte del tratamiento’”, sostuvo.

No es la primera vez que se registran estas graves irregularidades en los llamados centros o granjas de rehabilitación que, al parecer, no se encontrarían sometidos a los controles de las autoridades municipales, encargadas de habilitar todo tipo de actividad comercial o en las que exista finalidades de lucro. Cualquier comerciante minorista conoce los meticulosos requerimientos que debe cumplir para abrir sus puertas, de modo que resulta llamativo que funcionen sin habilitación –o en que, en su caso, puedan tenerla- nada menos que centros de tipo médico.

Suele ocurrir lo mismo con los centros de belleza o dedicados a promover dietas, en los que se detectaron casos de ejercicio ilegal de la medicina, homicidio culposo, estafa y tráfico de medicamentos peligrosos. En el caso aquí mencionado, se investiga también la posible comisión del delito de reducción a la servidumbre, tipificado en el art.140 del Código Penal.

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Se está frente a episodios delictivos de enorme gravedad social, cuyo origen y desarrollo no debió haber sido permitido por ninguna autoridad sanitaria.

Y si el delito también consistió en actuar sin habilitaciones oficiales de ninguna índole, los municipios y el área de Salud deberían haber ejercido los controles del caso para evitar acciones que tanto daño causan a las víctimas.