La reacción social por el crimen debería ser un aviso para toda la clase política

Daniel Barrientos fue asesinado de un disparo en el pecho durante un tiroteo entre ladrones y un policía arriba del colectivo que conducía por el partido de La Matanza. Le faltaba nada para jubilarse. O sea, para disfrutar sin horarios de la familia, de la vida. Era una buena persona. Su muerte fue un disparador y la reacción de sus compañeros ante la autoridad un botón de muestra: la sociedad está hastiada, enojada, desilusionada frente a la falta de respuestas de la clase política.

El ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, sufrió una paliza por parte de indignados choferes compañeros de Daniel. Fue a poner la cara como parte de un gobierno que, digámoslo, vive el combate contra la inseguridad como un tema traumático, incómodo.

Para el kirchnerismo duro la faena que lleva adelante Berni está surcada por la tensión entre la cuestión ideológica (que mezcla garantismo, laxitud interpretativa de las leyes y posturas políticamente correctas para el progresismo vernáculo en materia de derechos de los delincuentes) y las necesidades de la gente en los distritos, la cobertura de demandas puntuales, que son en el sentido contrario. Y que, encima, evidentemente sólo pueden colmar, en términos de cierta tranquilidad ciudadana, las fuerzas nacionales y su halo de alta profesionalidad. Pero que se demoraron años en llegar al Gran Buenos Aires por las diferencias políticas intestinas entre las dos jurisdicciones. Y eso que hablamos del mismo partido político.

Es hilar fino, pero asoma la impresión de que la interna virulenta en el partido de gobierno arroja ausencia de ciertas decisiones básicas: ¿El oficialismo tiene una política de seguridad integral o se trata sólo de parches? Hace casi tres años y medio que gobiernan. El ministro nacional de Seguridad, Aníbal Fernández, y Berni no se hablan, se detestan. ¿Es viable esa desconexión en una cuestión tan sensible como la vida de la gente de a pie?

Los ciudadanos empiezan a dar veredicto: ayer, en el tumulto de La Matanza donde golpearon a Berni, y luego de que fuera rescatado por la Policía del opositor Rodríguez Larreta, que trabaja del otro lado de la General Paz, se escuchó a modo de protesta: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Lo cantaban colectiveros enojados. Trabajadores en relación de dependencia que podían ser también maestros o portuarios o albañiles o ayudantes de cocina. Cualquiera que se levanta de madrugada para ir a trabajar y tiene que rezar para llegar vivo al laburo.

Es un mensaje por un hecho puntual, dramático. Pero deberían tomar nota los que se anotan para suceder a Axel o a Berni. O a Alberto. Se achica el margen de tolerancia casi a la nada misma.

El enojo de los compañeros de Daniel rozó peligrosamente el concepto de justicia por mano propia, en este caso con el percibido como responsable indirecto del crimen por inacción. Ya lo vimos en Rosario, cuando vecinos indignados destrozaron el aguantadero de un narco vinculado al asesinato de un nenito, Máximo Jerez, fulminado cuando jugaba a la pelota en el lugar equivocado. Es el sistema que se desmadra, la no autoridad, la respuesta popular sin liderazgos políticos a la falta de justicia y a la ausencia del Estado como responsable de la protección del ciudadano que paga sus impuestos como puede.

De allí, de esa molestia que ya parece visceral, comen precisamente los nuevos “duros” de la política, los halcones. Los anti sistema. Dueños de vaguedades discursivas impracticables en la vida real pero que, sin embargo, llenan el hueco doloroso coyuntural de, por ejemplo, los compañeros del chofer Daniel o los familiares de los asesinados por el narco.

Está claro que la inseguridad como problemática central se enlaza indisolublemente a la cuestión social general, a la pobreza, la marginalidad, la droga. Que, lamentablemente, se vienen profundizando en los últimos años; los postreros de Macri, todos los de Alberto. Pero un amplio espectro de la ciudadanía del Conurbano -se incluye aquí a La Plata- siente además una orfandad notable, pronunciada, del rol del Estado en la materia. La sensación de que la autoridad está del lado del malo, no del bueno. Lo cantan las encuestas cualitativas que maneja la política, las que no se publican.

Y ya son al divino botón las reuniones de los vecinos con los comisarios del barrio que sólo pueden escuchar reclamos porque no tienen el poder de dar soluciones; y los pedidos por más patrulleros, y la sarasa constante de los mandos intermedios de la Bonaerense que es la respuesta visible para el vecino cuando un hecho de inseguridad sale en los diarios y luego se apaga, se desinfla con el correr de los días porque pasa lo mismo en otra barriada, hacia donde se traslada la lupa -la presión- mediática. E impera la sensación, la desolación, de que estamos cada vez más cerca de regirnos por la ley de la selva.

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