En medio de una tensión creciente, se levantaron las medidas de fuerza

Colectiveros de 86 líneas de transporte de la zona oeste del Gran Buenos Aires realizaron cortes de ruta y avenidas en reclamo de seguridad tras el asesinato del chofer Daniel Barrientos, lo que significó la suspensión del servicio y un dolor de cabeza para miles de usuarios, que se quedaron sin saber cómo ir o volver del trabajo a sus domicilios.

La medida de fuerza, que desde un inicio se pensaba extender a la jornada de hoy, finalmente se levantó a la medianoche, de acuerdo a lo resuelto en una asamblea gremial. Igual, la actividad podría continuar afectada por duelo.

Por el hecho, la Unión de Trabajadores Automotores (UTA) emitió un duro comunicado:

“La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes especialmente en todo el AMBA, por lo que la UTA dice BASTA y anticipa que las medidas se van profundizar en tanto las autoridades no garanticen las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector”, sostuvo.

Una de las protestas se llevó a cabo en el cruce de avenida General Paz y Alberdi, donde un grupo de compañeros de Barrientos realizaba un corte, que se extendía también a la mano de provincia, en la intersección con Juan Manuel de Rosas, a la altura de la localidad de Lomas del Mirador.

Allí, choferes de la línea 620 de la empresa Nuevo Ideal S.A. reclamaron más medidas de seguridad para poder realizar su trabajo.

En tanto, otro grupo de trabajadores del gremio cortó el tránsito en el kilómetro 41 de la ruta 3, de Virrey del Pino, cerca de donde fue asesinado Barrientos de un disparo en el pecho por dos delincuentes que subieron al interno 87 de la línea 620 con intenciones de robo y se tirotearon con un policía de la Ciudad que viajaba como pasajero.

La medida de fuerza afectó en un principio a las líneas 88, 96, 216, 218, 236, 269, 284, 325, 378, 382, 443, 620, 622 y 828, que circulan en el oeste del Gran Buenos Aires.

Todo pende de un hilo. Incluso el servicio de transporte podría resentirse por duelo

Muchas son de la empresa Almafuerte.

Durante la tarde de ayer, la agrupación “Juan Manuel Palacios”, opositora a la conducción nacional de la UTA, que nuclea básicamente a trabajadores de decenas de líneas de la empresa DOTA, se sumaron a la protesta.

Por su parte, Roberto Fernández, secretario general de la UTA ratificó que el paro convocado este lunes por el gremio “fue solo en zona oeste” y en cuanto a un paro nacional manifestó que “no existe”.

Al paro de colectivos se sumó un corte de ruta en la General Paz y Ruta 3, en repudio a los hechos de inseguridad. Los colectiveros interrumpieron el tránsito en la traza de la autopista porteña en ambos sentidos. Allí fue donde se dio la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

“Queremos seguridad, no estamos pidiendo otra cosa”, contaron los choferes ante los medios y amenazaron con ir a Plaza de Mayo si no tienen respuestas por parte de las autoridades.

Es que según cuentan, es la misma zona donde en 2018 murió asesinado Leandro Alcaraz, otro chofer de colectivos, quien hacía el recorrido que iba desde la avenida General Paz y Ruta 3 hasta Virrey del Pino, en La Matanza (ver aparte).

En tanto, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 decidieron por “la abstención de tareas” y la convocatoria a asambleas generales en repudio por el crimen de Barrientos, y se solidarizaron “en este momento tan doloroso con los compañeros de la línea 620 y la familia del trabajador asesinado”.

Los trabajadores de la 60 exigieron al gremio nacional que “se ponga a la cabeza de estos hechos y adopte las medidas pertinentes en unidad con todos los choferes, ya que los dirigentes tienen la responsabilidad de velar por las condiciones laborales y de seguridad”.

Por último, trascendió que al cabo de una reunión de la que participó el gobernador Axel Kicillof, se habría tomado la decisión de avanzar con penalidades a las empresas de micros que recibieron fondos para la instalación de cámaras de seguridad y no las colocaron.

En 2021, por ley, el gobierno bonaerense desembolsó $2.500 millones en lo que respecta a subsidios y de allí se desprendía que las cámaras empresariales deberían haber avanzado en la instalación de esos dispositivos de seguridad.

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