Veto a la ley de financiamiento universitario: se confirma un fuerte y masivo desafío para la gestión de Milei

Javier Milei ratificó lo que ya sabía: la causa de la universidad pública asoma como el adversario más masivo y transversal al que se ha enfrentado desde que es presidente. Ayer, por segunda vez este año, la calle fue copada por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, gente de a pie sin vínculo directo con el mundillo académico y, obviamente, organizaciones políticas y sindicales.

Le reclamaron al Congreso Nacional que no dude en insistir con la Ley de Financiamiento para las casas de estudios si llega a darse el veto presidencial a esa norma aprobada por impulso de la oposición legislativa, que finalmente se concretó en las primeras horas de este jueves con la publicación de la medida en el Boletín Oficial (vea: https://www.eldia.com/nota/2024-10-3-6-40-0-es-oficial-tras-la-masiva-marcha-milei-veto-la-ley-de-financiamiento-universitario-politica-y-economia). Fue una marcha contra el prometido veto, digamos.

A modo de refutación de los motivos de la movilización, el Gobierno daba un argumento de manual de iniciados: “Fue una marcha política”, decían los voceros oficiales como para desacreditarla. Una obviedad supina. Porque es claro que tiene raíz política el “leitmotiv” de defensa de la universidad pública, suerte de paradigma de ascenso social argentino desde hace décadas. Y no está mal que así sea.

Desde ya que la movilización fue bastante copada por dirigentes políticos. Era cantado. Algunas presencias le sirvieron a los libertarios para construir el argumento de la politización, vía la presencia de la demonizada “casta”. Por ejemplo, se vio a intendentes del kirchnerismo como Mayra Mendoza, de Quilmes; del kicillofismo como el berissense Fabián Cagliardi o el matancero Fernando Espinoza; a Pablo Moyano al frente de una columna de su gremio Camioneros, al piquetero del Polo Obrero Eduardo Belliboni -investigado por la Justicia a raíz del supuesto manejo espurio de planes sociales- o a referentes de La Cámpora como Wado De Pedro o Mariano Recalde.

También dijo presente Sergio Massa, el último candidato presidencial peronista que fue derrotado por Milei, y que así dio signos de vida después de meses de extremo silencio. Un Massa contra quien, curiosamente, el Presidente jamás despotrica con nombre y apellido a pesar de ser el responsable directo de buena parte del desaguisado económico que recibió. Curioso.

De los radicales notorios se vio al presidente del partido, el senador Martín Lousteau (muy vinculado políticamente a la logia que maneja la Universidad de Buenos Aires), a su colega Maximiliano Abad, al diputado Martín Tetaz, referenciado en la UNLP, a Facundo Manes y demás. Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, excercanos a Mauricio Macri pero hoy alejados del que tal vez sea el principal aliado del Presidente, también marcharon por las calles porteñas. Así, la presencia política fue bastante heterogénea.

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Tras el veto que hoy concretó Milei, ahora el gobierno se enfrenta al desafío de conseguir el número mágico para evitar que la oposición reúne los dos tercios en Diputados para voltear la medida. De las dos cámaras del Congreso, la Baja es aquella que le resulta al oficialismo más factible de conseguir acuerdos por la fuerte presencia de la llamada oposición dialoguista. Muchos de cuyos miembros, por cierto, marcharon en defensa de la universidad.

Anoche, por ejemplo, no quedaba claro si el PRO y los bloques menores se alinearían con la necesidad de La Libertad Avanza. En criollo: tal vez el Presidente esta vez no consiga sus nuevos “87 héroes”, como sí estuvieron cuando hubo que blindar el veto a la ley de movilidad jubilatoria que también le quiso imponer la oposición a Milei. En la pelea por el favor de la opinión pública en el tema universidades, el gobierno apuesta a desacreditar el reclamo por el supuesto recorte de fondos. “No es verdad”, dicen sus voceros.

Ayer se difundió un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) al que accedió este diario. Allí se detalla cómo fueron las transferencias que se hicieron desde el Estado hacia las universidades durante este año y las compara -en forma interanual- con las efectuadas en 2023. Según esos números, en 2024 las 61 universidades que reciben fondos públicos cobraron un total de 2,13 billones de pesos entre enero y septiembre. Eso representa un crecimiento de un 150,1%, si se la compara con los 854.300 millones de pesos que habían recibido en el mismo período de tiempo del 2023. Pero, inflación mediante, significa un 30,2% menos de recursos reales de un año a otro. O sea que, pese al crecimiento nominal de las transferencias, las casas de altos estudios disponen de menos fondos en comparación al año pasado.

Objetivamente, eso valida el principal argumento de quienes marcharon ayer. Un dato: casi la mitad de los fondos cobrados este año por universidades corresponden a las cinco principales del país: Buenos Aires, la UTN, La Plata, Córdoba y Rosario. Recibieron un global de 943.410 millones de pesos entre enero y septiembre, plena gestión Milei. Pero por la inflación, las cinco sufrieron una pérdida de fondos en relación a 2023 de entre un 27% y un 31%. Eso, a pesar de haber aumentado su presupuesto nominal entre un 146% y un 161%. Se debe a que esos porcentajes obviamente están por debajo de la suba de precios interanual.

En esta suerte de cinchada entre el gobierno y el mundo universitario, los libertarios esgrimen un argumento que a la comunidad educativa le es muy difícil defender: la opacidad de las rendiciones de cuentas de lo gastado. La Ley 24.521 de Educación Superior dispone en su artículo 59º bis que el control administrativo externo de las universidades es competencia “directa e indelegable” de la Auditoría General de la Nación (AGN), que debería contar con un área específica, con recursos y materiales, para controlar a los establecimientos públicos y a los privados con financiamiento estatal.

¿Sucede realmente eso? ¿O los controles son tardíos y parciales? Por allí pasará el argumento de contra ataque después de la marcha de ayer de un gobierno obsesionado por el gasto y la baja del déficit fiscal, aún cuando eso lo aleje de cierta sensibilidad social.

“El Gobierno debe conseguir los votos necesarios para defender el veto”