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El gobierno de Axel Kicillof cerró el primer semestre del año con superávit primario de las cuentas públicas algo superior a los $213 mil millones y un déficit financiero (luego de pagar deuda) del $122 mil millones, un resultado que el Ejecutivo consideró “sostenible” en relación con las posibilidades de financiamiento que tiene hoy la Provincia.
Los números del primer semestre están contenidos en el informe de ejecución presupuestaria que publicó el ministerio de Economía.
El Gobierno destacó el resultado del manejo de las cuentas públicas “pese al brutal ajuste que lleva adelante el gobierno nacional”, que impacta por doble vía en Provincia: la coparticipación y la recaudación propia, en caída debido a la recesión y los recortes de transferencias que dispuso Milei, por los cuales el gobierno de Kicillof realizó denuncias judiciales.
El detalle del documento que elaboró la subsecretaría de Hacienda marca que la Provincia finalizó los primeros seis meses del año con un superávit primario ($214.032 millones) que equivale al 2,1% de los ingresos totales, pese a que estima una caída real de los recursos recursos en torno al 16%.
A la vez, tuvo un déficit financiero de $122.382 M (-1,2% de los ingresos totales) y un superávit económico de $274.809 M (2,7% de los ingresos corrientes). En el Gobierno dijeron que el primero número “está en línea con las posibilidades de financiamientos” del Tesoro provincial y por lo tanto lo calificaron de “sostenible”.
Respecto del segundo, marcaron que fue lo que permitió sostener la inversión en obra pública.
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Respecto del recorte nacional, la Provincia informó que entre transferencias obligatorias y no automáticas, la caída fue del 91% en términos reales, mientras que la recaudación propia cayó menos (5%) que la coparticipación (14%).
Por otra parte, el gobierno de la Provincia puso en marcha un régimen de uso responsable de los Servicios de Comunicaciones Móviles, mediante el cual busca limitar el uso de teléfonos celulares por parte de la administración pública.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tiene por objetivo “racionalizar y optimizar” la utilización de celulares en manos de los funcionarios para lograr el “máximo de eficiencia”, monitoreando sus usos, estados, reparación y devolución con un grado de certeza mayor.
El decreto contempla la mejora del sistema de entrega y control de los teléfonos a los empleados públicos. Asimismo, plantea controlar “más minuciosamente su devolución, reposición, reparación y uso”.
Asimismo, la medida estipula una serie de prohibiciones para la utilización de los celulares brindados por el Estado bonaerense a sus funcionarios y trabajadores de la función pública.
Por ejemplo, prohíbe “la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características”.
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