La Justicia argentina pidió el arresto y captura internacional de Maduro

La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.

El fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.

Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces de la Sala I que decidieron por unanimidad el fallo.

Los magistrados accionaron a partir de una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.

Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.

“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder”, reveló el abogado Tomás Farini Duggan.

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El letrado es uno de los impulsores junto al actual ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en este país contra Maduro y los dirigentes chavistas.

Ahora, aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde la Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.

Venezuela busca detener a Milei

Por su parte, el tribunal Supremo de Justicia de Venezuela también emitió ayer una orden de arresto, en este caso contra el presidente Javier Milei, por la controversia ocurrida entre ambos países ante la retención en territorio argentino y entrega a Estados Unidos de un avión de carga que fue vendido, según Washington, por una aerolínea iraní sancionada a una empresa estatal venezolana.

A raíz de ese episodio, se acentuó la tensión entre Venezuela y Argentina, que ya se venía acumulando desde la llegada de Milei al poder en diciembre del año pasado.

El régimen de Maduro acusó entonces que Argentina y Estados Unidos de “confabulación” y de violar las normas de la aviación internacional.

Un tribunal venezolano indicó que se emitió la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía general la semana pasada contra Milei, contra su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia argentina, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su supuesta responsabilidad en el “robo” e “inutilización” en febrero pasado de la aeronave.

El Tribunal Supremo indicó que su decisión se enmarca en una investigación fiscal por los presuntos delitos de “robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles” y la “interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil e inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”, entre otros delitos.

El gobierno argentino repudió la decisión argumentando que el “mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional”, en referencia a que en enero pasado, un mes antes de la entrega, un juez argentino aprobó el decomiso del avión de carga a pedido de Estados Unidos.

La Cancillería argentina, en un escrito publicado la semana pasada en su página web, agregó además que “el Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro”.

El vocero de la presidencia argentina, Manuel Adorni, restó importancia a la acción judicial venezolana. “La verdad es que lo que diga un gobierno dictatorial, como es el de Venezuela, no importa nada”, asevero.

El avión de Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y subsidiaria de la empresa estatal Conviasa, que ya previamente había sido sancionada por Estados Unidos, fue detenido en junio de 2022 por la policía argentina.

Funcionarios de Estados Unidos hicieron trámites unas semanas después para tomar posesión de él. Argentina oficialmente entregó a Estados Unidos la custodia del avión el 11 de febrero pasado.

El vínculo con Irán

La aeronave había sido previamente transferida a la empresa venezolana por Mahan Air, aerolínea iraní que según funcionarios da apoyo a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Desde hace años está bajo restricciones a sus negocios por parte del gobierno estadounidense.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, esa venta fue realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violó leyes de control de exportaciones y también benefició indebidamente a la Guardia Revolucionaria iraní.