Autorizan la compra de un sistema antidrones

A través del decreto 21/2025 publicado en el Boletín Oficial, y con las firmas del presidente, Javier Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Gobierno anunció ayer que avanzará con la adquisición de un sistema antidrones. Y que esa compra se hará en los términos del artículo 25, inciso d) apartado 6 del Decreto N° 1023/01, que habilita la contratación directa “cuando el Poder Ejecutivo nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional”.

En efecto, el Gobierno alegó que “resulta imperioso” por razones de Seguridad Nacional declarar “secreta” la mencionada compra y “con el fin de evitar que se conozcan los dispositivos y la tecnología que se pretende adquirir y, a tales efectos, se recurra a otras tecnologías existentes en el mercado para eludir el correcto funcionamiento de los sistemas que se pretenden adquirir”.

Sin embargo, la decisión avivó cierta polémica porque le permitiría al Gobierno saltearse el proceso de licitación y justificar la compra directa a una sola empresa. Dada la buena sintonía de Milei con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no se descarta que se opte por comprarle el sistema antidrones a ese país. Aunque también Estados Unidos, Canadá, Turquía, China y Arabia Saudita se destacan por los avances en este tipo de equipamiento.

La medida se conoce después de que a finales de 2024 la Policía Federal hallara en los terrenos del Congreso un dron capacitado para la toma de imágenes y grabación de sonido. Por el hecho se detuvo a una pareja de rusos que denunciaron la desaparición de su dron y fueron identificados como los principales sospechosos. Semanas antes otro dron había caído a pocos metros de la Embajada de Israel, lo que activó la puesta en marcha de un gran dispositivo de seguridad que se desarmó cuando el Gobierno vinculó el incidente a “la imprudencia de un usuario particular”.

En el decreto publicado ayer, el Ministerio de Seguridad advierte sobre la necesidad de hacerse con un sistema antidrones “con el objeto de mitigar el uso indebido de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) que puedan atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”. El texto deja constancia también sobre “la necesidad imperiosa de mejorar las capacidades técnicas en relación con distintas amenazas que representan los VANT o drones civiles, debido a su fácil adquisición, amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso, que pongan en riesgo objetivos estratégicos o que atenten contra la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes” y se menciona que se han detectado “distintas peligrosidades en el uso indebido” de estos dispositivos “tanto a nivel nacional como internacional, entre los que se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”.

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