Desde el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) plantearon las dificultades que atraviesan por la situación que afecta a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), que impacta en el trabajo de mensura y operaciones inmobiliarias en el territorio provincial.
En la Dirección Provincial de Catastro Territorial, desde fines de febrero pasado, una medida de fuerza sostenida por el gremio ATE —que incluye asambleas prolongadas y retención de tareas— mantiene “virtualmente paralizado un organismo vital para el desarrollo económico y profesional de nuestra provincia”, describieron los profesionales.
Para los ingenieros matriculados en el CIPBA, esta situación es “un bloqueo directo al derecho constitucional de trabajar. Las tareas de mensura, base fundamental de cualquier ordenamiento territorial y seguridad jurídica al ciudadano, se encuentran en un estado de detención burocrática, ya que, sin la aprobación de planos ni registración de estados parcelarios, el profesional queda imposibilitado de concluir su labor, afectando directamente sus ingresos y dejando su prestigio afectado frente a los comitentes”.
El impacto se extiende como una onda expansiva hacia el mercado inmobiliario generando que una gran cantidad de escrituraciones se encuentren frenadas por la falta de informes catastrales y certificados actualizados que impide que los escribanos concreten las operaciones de compraventa, creando una Incertidumbre jurídica que pone en riesgo la transparencia de las transacciones y la correcta valuación fiscal de los inmuebles.
“Esta situación genera un evidente y claro perjuicio al contribuyente que necesita regularizar su propiedad o subdividir para construir y que no puede ejercer sus derechos constitucionales al encontrarse atrapado en un conflicto ajeno que el Estado provincial aún no ha podido resolver”, indicaron en el colegio de Ingenieros bonaerense.
También señalaron que “resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia. La legitimidad de los reclamos gremiales no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial”.
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