La Universidad cedió cuantiosos honorarios a fundaciones

La Universidad Nacional de La Plata cedió contratos por millones de dólares por servicios prestados al Estado nacional o provincial, también con empresas privadas, a fundaciones que se identifican con el nombre de algunas facultades. Aparentemente, la que mayores ingresos recibió en este concepto fue la fundación de la Facultad de Ingeniería, que ante el requerimiento por escrito y una sentencia judicial, finalmente dio información sobre algunos de los contratos. Sin embargo, excluyó todos los celebrados con empresas privadas por considerarse un “sujeto de derecho privado”. Tampoco entregó ante el pedido del diario balances en los que consten la totalidad de los ingresos y egresos de la entidad.

La afirmación de que la fundación es un sujeto de derecho privado podría ser contradictoria con lo que la Universidad o la Facultad de Ingeniería dejan constancia en los convenios, en los que textualmente se dice que “la fundación admistrará los fondos contemplados en el siguiente contrato. Será la encargada de facturar los servicios correspondientes a los trabajos contratados y recibir los pagos”. En definitiva, la mencionada entidad actúa en nombre de la Universidad y obtiene gran parte de sus ingresos del Estado.

Mandatos eternos

Además que su presidente (de la fundación en cuestión) es el decano de la Facultad de Ingeniería, el Ingeniero Marcos Actis, que se desempeñó en ese cargo desde 2010 a 2018 y lo ocupa en la actualidad.

A la vez el rector de la Universidad, el Arquitecto Fernando Tauber, que firma algunos de los contratos, ha sido presidente de la Universidad en los períodos de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, mientras se desempeñó como vicepresidente entre 2014 y 2018 y actualmente. Difícilmente puede dudarse de su influencia como líder del sector que conduce la Casa de altos estudios desde el año 2010, aunque por razones estatutarias solo puede ser presidente 4 años, dejando un intervalo de un mandato. Vale la pena recordar, en todo ese mismo tiempo, el ingeniero Actis ocupó el decanato de Ingeniería durante 12 años y está al frente nuevamente de ese cargo.

Cabe señalar que la ley Federal de Educación Nº 24195/93 enumera entre las funciones de la Universidad, “ejercer consultorías de organismos nacionales y privados”. En el artículo 59, le permite constituir personas de derecho público o privado y en su artículo 60, autoriza a “las instituciones universitarias nacionales a promover la constitución de fundaciones y sociedades...”, no establece que las sociedades deban tener su sede en la República Argentina.

En 1994 ateniéndose a toda esa normativa legal, se creó la fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata para elaborar un importante proyecto de interés provincial, que como todas las fundaciones tienen controles menores que las universidades nacionales.

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Un grupo de rectores planteó en el año 2001 -en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)- ante diputados de la Subcomisión de Educación sobre la validación de contratos: “Quieren que el Estado se vea obligado a contratar los servicios de las universidades nacionales para el asesoramiento y consultoría técnica como una alternativa para sumar recursos…”

Un año después, el entonces presidente Eduardo Duhalde declaró a las universidades nacionales, consultoras privilegiadas del Estado. Dos años después, el DNU 204/2004 del presidente Néstor Kirchner autorizó la contratación directa de las universidades.

Durante el proceso había ocurrido que se otorgaron subsidios a fundaciones pretendidamente científicas que bastardearon su función y derivaron los fondos a entidades privadas, propiedad de funcionarios y gente relacionada con ellos. El ministro de Educación en el retorno de la democracia, Carlos Alconada Aramburú, presentó una denuncia penal frente a esa situación de irregularidades.

Todas esas normas garantizaron el funcionamiento de las fundaciones presuntamente universitarias, que en la práctica en realidad son dependencias de las facultades ya que como en Ingeniería el decano de la Facultad es presidente de la fundación.

De quién dependen

Desde el punto de vista legal las fundaciones que tienen asiento en La Plata dependen para su funcionamiento de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia, y normalmente podrían ser inspeccionadas por el ARCA (el organismo impositivo nacional) y nada más. Es decir, que sólo muestran si los fondos se gastan de acuerdo con la legislación económica vigente; nada dirían sobre si el gasto es pertinente con la función de la Universidad ni cómo se designan las personas que realizan los trabajos ni los honorarios que se les pagan.

Es cierto que la mayoría del directorio de la Fundación de la Facultad de Ingeniería está compuesta por profesores de esa facultad, pero legalmente no está sujeta a los controles y auditorías que pueden llevarse a cabo en las universidades por cuenta de los organismos nacionales correspondientes. Todas esas entidades de derecho privado gozan de privilegios de prioridad y contratación directa por parte del Estado, y las extensiones impositivas por su carácter de fundaciones.

Otro aspecto que no puede ser ignorado es la discrecionalidad con las que las empresas y entes del Estado pueden elegir a cualquiera de las universidades nacionales, y debe recordarse que desde el año 2002 se crearon varias universidades nacionales que recibieron importantes partidas de dinero en concepto de honorarios por trabajos realizados a empresas del Estado, sin que se conociera el fundamento por el cual se elegía a una casa de estudios para realizar determinada tarea.

La Fundación de Ingeniería no es la únicaque ha facturado honorarios. También existe una de la facultad de Periodismo, otra de Informática y el mismo rectorado de la Universidad, que ha cobrado derechos a municipalidades del país y del exterior por el uso de un sistema de medición del estacionamiento de autos.

Por otra parte, como el diario irá informando, muchos de esos contratos sufren agregados y actas complementarias que van aumentando el valor inicialmente estipulado por la prestación, y hasta el momento la casa de estudios local no ha hecho un informe global del importe de la facturación de todos estos contratos.

Nada dirían sobre si el gasto es pertinente con la función de la Universidad