Piden allanamientos y embargos contra el financista vinculado a “Chiqui” Tapia

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, impulsó un requerimiento de instrucción en la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Maximiliano Vallejos y al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La decisión llegó horas después de que la Fundación Apolo denunciara a la funcionaria por supuestas demoras en el avance del expediente.

Según informaron fuentes judiciales, tras recibir la documentación respaldatoria enviada por la DGI, Incardona remitió la causa a la Cámara Federal de La Plata. Por sorteo, quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.

En su presentación, la fiscal pidió que se realicen allanamientos, un embargo preventivo de 4.000 millones de pesos y el congelamiento de diversas cuentas bancarias. Además, sostuvo que Vallejo; su madre; Oscar Tucker; Eduardo y Federico Spinosa, y distintas entidades como el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, el Club Atlético Banfield y Banfileños S.A., habrían puesto en circulación 818 mil millones de pesos para su presunto blanqueo.

El dictamen también incluye un pedido para investigar a asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Excursionistas, Los Andes, Defensores de Glew y Deportivo Morón.

La denuncia contra la fiscal

La Fundación Apolo, encabezada por el legislador porteño Yamil Santoro, presentó una denuncia contra Incardona por presunto mal desempeño. Sostienen que la fiscal habría demorado la comunicación de la causa al juez competente tras recibir la denuncia de la DGI, afectando posibles medidas urgentes como allanamientos y congelamientos de activos.

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De acuerdo con fuentes del caso, la fiscal recibió la denuncia del organismo fiscal “sin documentación respaldatoria” y solicitó la información complementaria ese mismo día. La ONG, paralelamente, realizó otra presentación ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue su actuación.

Voceros cercanos a Incardona afirman que la funcionaria “actuó conforme a derecho” y recuerdan que existen otras dos investigaciones abiertas sobre Sur Finanzas: una en el fuero Penal Económico y otra en manos de la jueza federal Eugenia Capuchetti.

La denuncia de Apolo menciona que el accionar de la fiscal podría encuadrarse en los artículos 248 y 277 del Código Penal, referidos a abuso de autoridad y encubrimiento. También solicita la declaración de la funcionaria de la DGI que presentó la denuncia original y el acceso a las actuaciones preliminares realizadas en la Fiscalía Federal Nº 2.

Un punto crítico: el tiempo

Para la ONG denunciante, las presuntas demoras impactan especialmente en causas por lavado de dinero, donde la velocidad de las medidas es clave para evitar maniobras de ocultamiento o destrucción de evidencia. Apolo sostiene que las dilaciones “afectan la transparencia institucional y el funcionamiento del sistema penal”.

Del otro lado, fuentes judiciales remarcan que la fiscal recibió la denuncia sin fundamentos documentales y que recién tras la llegada del material pudo avanzar formalmente con el requerimiento de instrucción.

Con el expediente ya en manos del juez Villena y un fin de semana por delante, desde distintos sectores advierten que la efectividad de las medidas solicitadas podría verse limitada por el tiempo transcurrido desde que la DGI presentó la acusación.