La coparticipación tiene un reparto que castiga a la Provincia

La discusión por la Coparticipación Federal de Impuestos reaparece cada vez que se repasan los números de la recaudación nacional y la forma en que se distribuyen entre las provincias. Detrás de un régimen que adquirió rango constitucional en 1994 pero que todavía se rige por una ley sancionada en 1988, la Provincia de Buenos Aires (PBA) carga con un desequilibrio histórico: aporta más de lo que recibe y sufre un esquema que no refleja su peso económico ni su volumen poblacional. La brecha queda expuesta en cada informe técnico y en cada cuadro comparativo.

Según revela un informe de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos que depende del Senado de la Nación que preside el radical chaqueño Víctor Zimmermann y que integran varios ex gobernadores, si se toma el total transferido en octubre de este año y se lo divide por la población del último censo, el promedio nacional por habitante fue de $119.521. Sin embargo, la Provincia recibió apenas $71.185 por persona. Sólo la Ciudad de Buenos Aires queda más abajo, con $38.447. En el otro extremo aparecen Tierra del Fuego con $342.511 y Catamarca con $324.886 por habitante. En términos per cápita, la diferencia entre Buenos Aires y las provincias más beneficiadas supera el 350%. El esquema evidencia así un reparto que no guarda relación con la cantidad de habitantes ni con la demanda efectiva de servicios.

El contraste se amplía cuando se mide la distribución en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El distrito que gobierno hoy Axel Kicillof encabeza la tabla con 3.874.055 unidades debido a su enorme población, seguida por Santa Fe con 1.458.647 y Córdoba con 1.420.485. Pero el volumen absoluto no expresa equidad: más habitantes obligan a los gobiernos locales a sostener más escuelas, más hospitales, más rutas y más servicios básicos.

Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, que reciben 197.563, 255.940 y 260.096 SMVM, respectivamente, cuentan con densidades poblacionales muy bajas y, sin embargo, perciben transferencias per cápita considerablemente superiores.

Un análisis de las transferencias del mes muestra que el territorio bonaerense recibió el 22,74% del total (por la incorporación al 19,93% original de otros impuestos, como las retenciones), casi el triple de lo percibido por Santa Fe (8,56%) y Córdoba (8,34%). Aún así, se mantiene lejos de un nivel que compense la magnitud de su población, que representa cerca del 38% del total del país. Las jurisdicciones de menor tamaño demográfico aparecen al fondo de la tabla: Santa Cruz con el 1,5% y Tierra del Fuego con el 1,16%.

Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires aportan aproximadamente el 33% de los recursos que forman la masa coparticipable. La Nación se apropia del 43% de la masa coparticipable y el conjunto de las provincias del restante 57%. Por eso, la Provincia recibe sólo el 13% de la masa total coparticipable. Estos datos muestran que la Provincia de Buenos Aires recibe por la coparticipación apenas 1 de cada 3 pesos que aporta a la masa coparticipable.

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La Ley 23.548, base del sistema vigente, es una “ley convenio” y solo puede modificarse mediante un acuerdo de igual categoría que debe ser aprobado por ambas cámaras con mayoría absoluta y ratificado por las legislaturas provinciales. La reforma constitucional de 1994 intentó darle al esquema un horizonte de estabilidad y fijó criterios de distribución regidos por principios de equidad y solidaridad. También introdujo la obligación de sancionar una nueva ley que reemplazara el régimen transitorio consolidado desde 1934. Ese mandato aún no se cumplió. Tres décadas después, la coparticipación sigue guiándose por coeficientes fijados hace casi cuarenta años.

En la práctica, los fondos de origen nacional son esenciales para la mayoría de las provincias. En 2024 representaron el 52% de los ingresos corrientes, por encima del 50,4% del año anterior. Pero la dependencia es muy dispar. Formosa encabeza la lista: el 91,9% de sus ingresos dependen de estas transferencias. Le siguen Santiago del Estero con el 88,8%, La Rioja con el 86,6%, Chaco con el 84,3%, Catamarca con el 81,2% y Corrientes con otro 81,2%.

En el extremo opuesto aparece CABA con 9,7%, Neuquén con 18,3% y, bastante más arriba pero todavía entre las menos dependientes, la provincia de Buenos Aires con 46%.

Esta cifra pone en evidencia la capacidad recaudatoria propia bonaerense, pero también la carga que implica financiar servicios y obras para una población que supera los 17,5 millones de habitantes.

La Cláusula Transitoria Sexta expresa la voluntad de abandonar el régimen excepcional y avanzar hacia un nuevo mapa de relaciones fiscales. La promesa nunca se concretó. Sin una actualización integral y sin un acuerdo federal que contemple parámetros objetivos basados en población, necesidades básicas y capacidad de recaudación, la estructura continúa generando distorsiones profundas.

Para la provincia de Buenos Aires, el impacto es claro: aporta mucho más de lo que recibe, sostiene servicios para la mayor población del país con una porción de recursos que no acompaña esa escala, compensa con recaudación propia lo que no llega desde la Nación y enfrenta tensiones presupuestarias permanentes. La coparticipación, tal como está, opera como un techo estructural que condiciona infraestructura, inversión y expansión de políticas públicas.

El debate vuelve una y otra vez porque la desigualdad es evidente. Las cifras lo muestran con precisión: mientras algunas jurisdicciones pequeñas reciben más de cuatro veces lo que percibe un bonaerense en términos per cápita, la provincia más poblada del país continúa atada a un reparto definido en otro contexto político, económico y demográfico. El sistema espera una actualización que nunca llega y reproduce año tras año la misma disparidad.

Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires aportan cerca del 33% de los recursos

La diferencia entre Buenos Aires y las provincias más beneficiadas supera el 350 por ciento