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La causa “Chocolate”, que investiga irregularidades con el nombramiento de personal y cobro de sueldos en la Legislatura bonaerense, se encuentra a un paso de su juicio oral y arrojó en las últimas horas detalles hasta ahora desconocidos de las irregularidades detectadas. Entre ellas, la designación de una empleada residente en España y otra con domicilio en Chivilcoy, además de otros casos en los que los trabajadores investigados tenían dos trabajos.
Se trata de la causa por irregularidades administrativas que investiga, entre otros, los delitos de “asociación ilícita” y “perjuicio al Estado”, a partir del cobro del salarios de presuntos “ñoquis” en la Cámara de Diputados bonaerense. Mucho de ese dinero habría sido recaudado por el puntero Julio “Chocolate” Rigau, en connivencia con el exsubdirector de Personal de la Cámara baja, Claudio Albini, y su hijo, el exconcejal massista Facundo Albini, ambos detenidos por esta causa.
Ayer se supo que en el expediente que investiga la fiscal Betina Lacki también figura también la detección de al menos 15 empleados que tenían otros trabajos en paralelo, lo que, se presume, confirmaría su complicidad con la maniobra que se investiga.
Otro caso llamativo es el de una mujer que figuraba como empleada de la Cámara, aunque vivía en España y otra, en Chivilcoy, muy lejos de su lugar de trabajo.
Desde la fiscalía destacaron que todos ellos se beneficiaron con la maniobra, aunque el dinero de sus sueldos quedaba en manos de los Albini, porque obtenían una obra social y una jubilación. “No puede sostenerse que fue la necesidad lo que impulsó su participación delictiva, porque no se trataba de obtener un trabajo que satisficiera sus necesidades básicas, se trataba de formar parte de una maniobra que les redundara prestaciones sociales y jubilatorias “sin esfuerzo” a costa de la sociedad toda”, opinó la fiscal Lacki, en declaraciones a la prensa.
Como viene publicando EL DIA, este fin de semana una causa que investiga la presencia de ñoquis en la Municipalidad, durante la gestión de Julio Garro, también menciona a Rigau.
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Fue en el marco de 14 allanamientos que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta realizó en los domicilios de tres exfuncionarios y personas que figuraban como exempleados de la Comuna. Entre los imputados se encuentran el exsecretario de Coordinación municipal Oscar Negrelli, el exdirector de Personal, Mariano Baruki Pérez, y el exsubsecretario de Seguridad, Néstor Pulichino.
Según consta en el expediente de la causa, a cargo del juez de Garantías Agustín Crispo, algunos de los imputados estarían vinculados al puntero massista, procesado en la causa de las tarjetas de la Legislatura.
La causa de los presuntos “ñoquis” municipales surge a partir de una denuncia que realizó el intendente, Julio Alak, al asumir la Intendencia, donde detectó diversas irregularidades con la planta de personal, que, en muchos casos, percibía un sueldo de la Comuna pero no iba a trabajar.
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