Vulnerabilidad y falta de servicios públicos en el Gran La Plata

Más del 20 por ciento de la población del Gran La Plata vive en asentamientos precarios y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Se habla de unas 260 mil personas que carecen de cloacas, gas, electricidad y acceso a otros derechos básico como la educación y la seguridad. Se trata de datos que debieran alarmar, surgidos del reciente relevamiento realizado por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) y que fue detallado en la edición de ayer.

El informe revela que entre los habitantes de estos barrios, más de 30 mil son niños de hasta 9 años, y otros 35 mil son adolescentes y jóvenes de entre 10 y 18.

Pero tal como se detalla, el número más alarmante no es sólo cuántos viven allí, sino cómo viven. Según los datos relevados durante todo 2024, el 90 por ciento de la población en estos barrios no cuenta con red de cloacas, el 80 por ciento no está conectado al gas natural y el 70 por ciento no tiene acceso seguro a la electricidad. Es decir, miles de familias sobreviven a diario sin servicios esenciales que hacen a la salud, la seguridad y la dignidad.

En esos asentamientos, la principal preocupación sigue siendo el consumo de drogas. Pero muchos otros temas como salud mental, violencia intrafamiliar, embarazo adolescente, trabajo infantil o conexión digital fueron algunos de los ejes abordados y forman parte esencial, claro está, de un desafío social, educativo y económico que las autoridades debieran contemplar.

Cabe señalar que a lo largo de estas últimas décadas se vino reflejando en las columnas de este diario el verdadero aluvión de asentamientos ilegales, usurpaciones y otros métodos de ocupación de tierras en el Gran La Plata, que en casi todos los casos derivaron en situaciones como las aquí planteadas.

No se hizo absolutamente nada contra supuestos punteros políticos que, en realidad, buscaron atraer a estas zona no personas de carne y hueso, sino fichas de afiliación para ellos. Tampoco se actuó contra las mafias organizadas que ocuparon ilegalmente tierras, para “fraccionarlas” y venderlas en forma ilegítima a muy bajo precio, pese a lo cual recaudaron fortunas. Todo ello al costo de que miles de personas llegaron a vivir a nuestra zona a lugares carentes de servicios públicos o a terrenos inundables.

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Esa oleada irresponsable de tomas de tierra en la capital de la Provincia, que empezó hace muchos años, pareciera no tener fin. El caso de la “megatoma de Los Hornos” -la mayor superficie de tierra usurpada en la provincia de Buenos Aires- está ahora ante la vista de todos, como un modelo de lo que no debe ser.

Se ha dicho en forma reiterada que el Estado se encuentra en grave deuda en materia de política habitacional, en una situación que se agrava con el paso de los años y el crecimiento de la población. Se habla de planes crediticios razonables, seguidos de la promoción de obras correspondientes, debidamente controladas por el Estado. Pero esa omisión injustificable no debiera verse “compensada” con la luz verde que parece habérsele dado a organizaciones mafiosas que han montado el negocio de la ocupación y venta ilegítima de tierras en nuestro país.