La oposición tuvo un importante avance para destrabar la comisión investigadora $Libra en Diputados

La oposición de la Cámara de Diputados logró hoy avanzar con el proyecto de resolución que de aprobarse en el recinto le permitirá tomar el control de la comisión investigadora del mega escándalo Libra, cuyo funcionamiento había quedado empantanado ante la imposibilidad de elegir a sus autoridades.

El dictamen de mayoría se consiguió con 38 firmas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, sobre un total de 66 votos en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento.

La nueva iniciativa opositora, una suerte de fe de erratas del proyecto original, tiene como autor principal al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, y establece una metodología muy concreta y precisa para desempatar cuando se traba la votación de las autoridades, tal como sucedió durante meses.

El criterio es que cuando hay empate de votos para dos o más candidatos, la presidencia quedará en manos de aquel que fue respaldado por el conjunto de bloques con más bancas.

Literalmente el proyecto señala que en caso de empates será “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara”.

En tanto, la vicepresidencia recaerá en el candidato que quedó segundo en ese recuento, y la secretaría le corresponderá al mismo grupo de bloques que designó al presidente de la comisión.

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Con esta fórmula, la oposición se asegurará la conducción de la comisión porque controla a por lo menos 136 diputados, más de la mitad de la cámara.

Por otra parte, el proyecto establece que la comisión tendrá plazo hasta el 10 de noviembre para presentar el informe con los resultados de la investigación.

En la sesión del pasado miércoles, la oposición juntó 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la macrista Silvia Lospennato.

Al abrir el debate, el diputado nacional de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño señaló que en paralelo a la causa judicial es importante que el Congreso haga “su propia investigación política” sobre la estafa perpetrada el 14 de febrero pasado poco después de que el presidente Javier Milei publicitara a través de un tuit el proyecto cripto Libra, incluyendo el número de contrato.

“Con lo que venimos viendo en la justicia de Estados Unidos y lo que podemos prever por los antecedentes de la Argentina, es posible que esto termine en demandas contra el Estado nacional. Y este Congreso no puede desentenderse de robustecer, en la mayor medida posible, las defensas que deban presentarse”, alertó el cordobés, que pidió ser “muy serios” en el abordaje legislativo del criptogate.

Seguidamente, el diputado del Frente de Izquierda Juan Carlos Giordano advirtió que “el gobierno con todas sus maniobras quiere impedir las nuevas revelaciones” del caso.

A su turno, la diputada Sabrina Selva, propuesta por la oposición para presidir la comisión investigadora, hizo un repaso de los hechos que motivaron la creación de un órgano en el seno de la Cámara de Diputados para arrojar luz sobre las presuntas responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y otros altos funcionarios.

La legisladora massista cuestionó los “tres meses de parálisis” de la comisión, situación que atribuyó a supuestos “artilugios” llevados a cabo por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con “la complicidad” de los bloques aliados al oficialismo. “Lograron que la comisión investigadora no funcione, que es lo que hoy estamos destrabando”, indicó.

“Muy pocas personas se quedaron con millones de dólares perjudicando a miles de personas del mundo”, recordó la diputada opositora, y apuntó contra los empresarios cripto Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terranes Godoy, Julian Peh y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, quien renunció a su cargo tras el estallido del escándalo.

A su vez, Selva cargó contra la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a quien acusó de “abrirle la puerta de la Casa Rosada” a estos empresarios cripto.

“En ningún momento nosotros (por Unión por la Patria) aseveramos al responsabilidad penal del presidente Milei. Eso lo tendrá que determinar la Justicia. Ahora este Congreso no puede hacer oídos sordos”, remarcó.

Para Selva, “el presidente con su tuit fue una pieza clave de la estafa” ya que “sin ese tuit, la moneda no adquiría valor y los gestores de la estafa no podrían haber levado adelante la operatoria y hoy no tendrían congelados fondos del país en Estados Unidos”.

Por su parte, Christian Castillo (Frente de Izquierda) criticó al oficialismo por las “maniobras de bloqueo” a la comisión investigadora, y le achacó haber especulado para que “el tiempo pase” y se pueda clausurar el tema sin consecuencias para Milei y el Gobierno.

“La responsabilidad de Milei en la maniobra fraudulenta realizada es imposible de ocultar. Pudo bloquear en parte pero no todo lo que hubiese querido porque tenemos nueve horas de testimonios”, indicó.

“Queda claro porqué el oficialismo no quiere que se investigue. De nuestra parte haremos todo lo que esté a nuestro alcance por llegar a la verdad, que no haya impunidad y que la Comisión Investigadora votada en la Cámara de Diputados pueda cumplir con su objetivo de esclarecimiento de los hechos”, cerró el referente del PTS.

En tanto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fustigó contra las “artimañas” y “maniobras dilatorias” llevadas adelante por el oficialismo y aliados con las que se pretendió bloquear “el derecho a saber la verdad”.

En ese sentido, destacó que se haya podido “romper el bloqueo sistemático que se le puso a la comisión”.

“Toda comisión entra en funcionamiento cuando tiene elegidas sus autoridades, fijados sus días y horarios de reuniones para cumplir el objetivo que se había propuesto”.

La diputada libertaria Nadia Márquez reiteró el argumento oficialista de que la comisión estaba caduca porque se había agotado el plazo establecido de tres meses para investigar, por lo que desconoció el nuevo dictamen opositor para reactivar el funcionamiento.

“Quieren hacer un circo y para hacer un circo hay algunos más divertidos que esta manga de payasos”, toreó la neuquina. Según consideró la diputada de La Libertad Avanza, “el período de investigación ya terminó”, y cuestionó que se quiera habilitar un nuevo plazo.

“Ya se investigó y no se encontró nada, o no lo que querían, vaya a saber. Si no se expresaron hasta el momento es que evidentemente no encontraron nada para decir o que lo que encontraron no era lo que querían”, señalaron.

Por último, Juan Marino (Unión por la Patria) desestimó la hipótesis que había ofrecido Milei respecto a que la operatoria Libra era un “acuerdo entre privados”.

“No estamos hablando de un acuerdo entre privados,. Porque acá estamos hablando del prestigio argentino a escala internacional. Si el Ejecutivo no lo hace, tenemos una obligación como Congreso nacional para controlar la actividad del Poder Ejecutivo, para que no ocurran estas cosas”, planteó.