Reforma y mano dura: los cambios en el Código Penal

El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma del Código Penal tan ambiciosa como drástica y controvertida. El objetivo declarado del proyecto -incluido en la agenda de sesiones extraordinarias que comienzan el miércoles- es “terminar con la impunidad” y cerrar la “puerta giratoria” de la justicia, avanzando hacia un endurecimiento de las penas y restringiendo los beneficios para los condenados.

La iniciativa, elaborada por una comisión de especialistas presidida por el penalista Jorge Buompadre y presentada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca unificar en un solo cuerpo normativo la legislación penal y adaptarla a los crímenes del siglo XXI.

Se trata de la primera reforma integral en más de 105 años, con un actualización que prevé triplicar el número de artículos, pasando de 316 a 920, agrupando en un mismo cuerpo normativo el texto vigente de 1921 con las más de mil leyes penales sancionadas el último siglo.

Sin prescripción

Uno de los ejes de la propuesta está en la imprescriptibilidad de delitos graves, ampliando la no prescripción más allá de los crímenes de lesa humanidad. La Justicia ya no tendrá plazos para juzgar el homicidio, los abusos sexuales, la trata de personas y el narcotráfico. También se limita la posibilidad de obtener la libertad condicional o anticipada a condenados o reincidentes por estos hechos.

Se persigue, a su vez, acelerar la ejecución de la condena, evitando la larga espera por un pronunciamiento de la Corte.

Además, se incrementan los mínimos y máximos penales para una vasta lista de delitos. La intención es que la gran mayoría de las condenas impliquen prisión efectiva. Según cálculos del Ejecutivo, la reforma llevaría a que el 82% de los delitos sea de cumplimiento efectivo.

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En este sentido, la pena por homicidio simple pasaría de 8-25 años (en la actualidad) a 10-30 años.

En cuanto al homicidio agravado, se incorporan nuevos supuestos de prisión perpetua, como el asesinato del Presidente o ministros, o hechos cometidos en lugares de concurrencia masiva con elementos que puedan matar a un número indeterminado de personas.

Para los casos de pornografía Infantil, en tanto, se contempla que la pena base se eleve de 3-6 años hasta llegar a 12, con agravantes que suben el mínimo a 4 años.

Con respecto a los robos, se crean figuras específicas para modalidades como “motochorros” y “viudas negras”. El robo simple con fuerza en las cosas pasaría a tener una pena de 3 a 8 años, y con violencia sobre las personas, de 3 a 10 años.

“La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto del anteproyecto, en línea con la filosofía de “mano dura” que pregona el Gobierno.

En contraste, busca “robustecer el marco de la legítima defensa” y realza el lugar de la víctima en el proceso, concediéndoles beneficios penitenciarios.

En otro orden, una decisión con fuerte impacto político es la que tiene que ver la pérdida automática de las jubilaciones de privilegio para funcionarios condenados. Mientras que se prevé incrementar sustancialmente las penas para delitos contra la administración pública y se habilita el decomiso anticipado de bienes en casos de corrupción.

Adaptado al Siglo XXI

A tono con los tiempos, el nuevo código incluye un capítulo dedicado a los delitos informáticos (cibercrimen), fraude digital y creación de imágenes falsas de contenido sexual mediante Inteligencia Artificial (IA).

Entre las nuevas tipificaciones se incorpora el “stealthing” (retiro no consentido del preservativo), la pornovenganza, el secuestro virtual y la crueldad animal sistemática.

Cuestionamientos

La reforma que propone Milei ha generado críticas en el ámbito jurídico. Tal es el caso del consitucionalista Daniel Sabsay, quien en declaraciones radiales consideró “excesivo” extender la imprescriptibilidad penal a un amplio rango de ofensas que no constituyan defraudación al Estado.

En esa línea, advirtió que el mero aumento de penas no garantiza la disminución del delito y, en cambio, priorizó la aplicación de buenas políticas de prevención, educación y rehabilitación social, para no caer en el “salvajismo” de leyes como las de El Salvador.

Sabsay enfatizó luego que el cumplimiento efectivo de las sentencias debe ir acompañado de la construcción de nuevas cárceles para evitar el hacinamiento y asegurar la clasificación de reclusos, respetando siempre el debido proceso. Y alertó sobre el riesgo de mezclar a “quienes cometieron delitos de escasa importancia con aquellos que sí que son criminales peligrosos. Me parece lo peor como posibilidad de cumplimiento efectivo”.

“El castigo por los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, justifica el texto oficial

Se tipifican el cibercrimen y las imágenes hechas con Inteligencia Artificial