Pedido de informes a Magario y Alak por el caso de presuntos abusos en el Senado bonaerense

El escándalo por presuntos abusos sexuales en el Senado bonaerense sumó un nuevo capítulo en el plano legislativo local. El presidente del bloque PRO en el Concejo Deliberante, Nicolás Morzone, elevó dos pedidos de informes dirigidos a la vicegobernadora Verónica Magario, y al intendente de La Plata Julio Alak, para que den cuenta de su actuación ante la gravedad de los hechos denunciados.

Estas iniciativas se suman al proyecto de ordenanza presentado previamente para conformar una Comisión Especial Investigadora dentro del cuerpo deliberativo ante un caso que califica de "extrema gravedad institucional".

El requerimiento dirigido a Magario, presidenta del Senado bonaerense, busca arrojar luz sobre la gestión interna del conflicto. Morzone solicita precisiones sobre si las autoridades tomaron conocimiento de las denuncias y qué medidas disciplinarias se aplicaron sobre los imputados, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz.

Entre los puntos más críticos del documento, el concejal cuestiona el estado de eventuales sumarios, suspensiones o apartamientos del cargo de los señalados, la existencia de denuncias penales radicadas por la propia institución y el motivo por el cual el Senado "aún no se ha pronunciado públicamente" sobre el tema.

Por otro lado, el pedido de informes hacia el intendente Alak y el secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe, apunta a la contención de las víctimas y la colaboración procesal. El PRO busca determinar si la Municipalidad puso a disposición equipos interdisciplinarios de asistencia psicológica y legal, o si se evaluó la posibilidad de que el municipio se presente como particular damnificado.

Morzone insistió en que su propuesta de crear una comisión en el Concejo Deliberante no pretende interferir con el Poder Judicial, sino garantizar un seguimiento institucional y promover el acompañamiento a las víctimas. Con estas medidas, la oposición busca presionar por una respuesta oficial que, hasta el momento, consideran insuficiente frente al impacto social que ha generado el caso.