Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

Después de más de dos décadas de idas y vueltas judiciales, la causa por el derrame de petróleo ocurrido frente a las costas de Magdalena en 1999 volvió a convertirse en foco de atención. Y es que cuando se creía perdida, la Justicia Federal rechazó la homologación del acuerdo que la Municipalidad había firmado en 2009 con la petrolera Shell CAPSA para dar por cerrado el conflicto, volviendo así a poner en discusión la reparación ambiental.

La resolución, dictada el 30 de diciembre por el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 3 de la Ciudad de Buenos Aires y notificada el lunes tras la feria judicial, dejó sin efecto el pago de 9,5 millones de dólares con el que se buscaba poner punto final al mayor derrame de hidrocarburos en aguas dulces a nivel mundial.

Esta decisión judicial no sólo desarma un pacto económico largamente cuestionado, sino que impugna la lógica que lo sostuvo durante años: la idea de que un daño ambiental de magnitud podía saldarse con una suma de dinero sin una obligación concreta de recomposición del territorio afectado.

Justamente en ese aspecto el fallo contrapone un principio clave: los derechos ambientales son de orden público por lo que no pueden quedar subordinados a acuerdos entre partes que eludan el control judicial o ignoren los estándares constitucionales. Ni la voluntad política local, ni una consulta popular no vinculante, ni ordenanzas municipales alcanzan —según la resolución— para validar un convenio que se ubique por encima del artículo 41 de la Constitución Nacional y de la Ley General del Ambiente.

Uno de los puntos más severos del pronunciamiento apunta al monto acordado en 2009. De acuerdo con el fallo, los 9,5 millones de dólares resultan arbitrarios porque no estuvieron respaldados por estudios ambientales integrales, evaluaciones técnicas ni criterios económicos que permitieran vincular esa cifra con la magnitud real del daño ocasionado por el derrame del buque Estrella Pampeana, que volcó millones de litros de crudo en el Río de la Plata tras colisionar con el Sea Paraná.

PESE A NO HABER DAÑO ACTUAL

Durante el largo proceso judicial se produjeron pericias ambientales, químicas y biológicas, además de informes oficiales del Ministerio de Ambiente bonaerense. Todas coincidieron en un punto: en la actualidad no se detectan restos de hidrocarburos en el agua, los suelos, la vegetación ni la fauna, ni afectación del agua destinada al consumo humano atribuible al derrame de 1999.

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Pero esa constatación no fue suficiente para avalar el cierre del expediente. El juzgado remarcó que el análisis debe retrotraerse al momento en que el acuerdo fue firmado, cuando no existía certeza científica sobre la evolución del daño. Además, subrayó que la legislación ambiental impone la obligación de recomponer el ambiente dañado, y no simplemente de fijar una compensación económica genérica sin destino ambiental específico.

Que la causa no haya quedado sepultada en el archivo judicial no fue mérito de las gestiones municipales ni de los gobiernos nacional y provincial. El impulso llegó desde el activismo. Durante casi treinta años, organizaciones y colectivos socioambientales como Ala Plástica, Casa Río y Colectiva Magdalena 318 mantuvieron vivo el reclamo y denunciaron que el acuerdo de 2009 respondió más a la urgencia financiera del municipio que a la defensa del ambiente.

Para estos espacios, aquel pacto significó la caída de la demanda judicial y dejó al territorio sin protección. Mientras la política local buscaba oxígeno presupuestario, el ecosistema del Río de la Plata seguía sin recibir una reparación real. La comunidad de Magdalena, señalan, nunca vio beneficios concretos de ese acuerdo hecho a la medida de la petrolera.

LO QUE VIENE

Con el rechazo de la homologación, la causa debe seguir su curso. Así lo señaló en una entrevista con el portal El Informador de Magdalena, Mariano Aguilar, abogado de Leonardo Fediuk —el tercer interesado que sostuvo el reclamo—, quien aclaró que el municipio no necesita iniciar una nueva demanda, sino redefinir el acuerdo de 2009, ya que su monto carecía de fundamentación técnica.

Según el letrado, el fallo abre una ventana inédita: Shell debería sentarse a discutir una cifra cercana a los 90 millones de dólares originalmente reclamados para la reparación ambiental, muy lejos de la «limosna» acordada hace 16 años.

“El camino a seguir es renegociar públicamente y poner frente al juez el pedido de homologación con la Shell, en un monto debido y no diezmado, conforme un estudio adecuado a su época y actualizado, con más intereses por todos los ítems reclamados en la demanda; en orden todo ello a por destrucción del ambiente producido por la firma internacional Shell”, afirmó Aguilar.

El abogado también advirtió que si el municipio no asume un rol activo sus autoridades podrían ser “acusadas de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al omitir la defensa del patrimonio y el ambiente de los vecinos de Magdalena frente a una multinacional”.