Las autoridades del área educativa provincial no debieran permanecer indiferentes ante la situación que atraviesa el Archivo de Educación, cuya sede de la calle 57 entre 2 y 3 fue afectada hace un mes por un voraz incendio y de la que ahora, según reiteradas denuncias vecinales, personas desconocidas vienen robándose parte del material existente. Está por demás clara la necesidad de que, en todos los ámbitos públicos, se preserven todos aquellos testimonios que merecen ser sistematizados y salvaguardados debidamente.

Según detalló un residente de la zona, días atrás debió llamar al 911 para impedir que un hombre se llevara distinto tipo de documentación y expedientes en un carrito callejero, para después vender esa carga como papel, según explicó. Lo cierto es que desde que se registró el siniestro cualquier desconocido se encuentra en condiciones de ingresar y retirar de allí el material existente, entre el cual, se aseguró, puede existir documentación histórica de importancia. Los vecinos señalaron que hicieron reiteradas denuncias a lo largo de un año, sin que se hubieran tomado mínimas medidas de resguardo.

Cabe recordar que el 26 de noviembre del año pasado se declaró un incendio en el Archivo de Educación, un lugar que se encontraba cerrado desde un año y medio antes pero en el cual se guardaban miles de documentos. Si bien nadie resultó herido, se debió lamentar la pérdida de expedientes y otros documentos guardados en el lugar. Lo cierto es que la llamas afectaron a un 20 por ciento del edificio, fundamentalmente al acceso y a dependencias aledañas. Corresponde destacar que aquella no fue la primera vez en que una dependencia del área de educativa provincial sufría un incendio. En agosto de 2006, el área de jubilaciones, que funcionaba en 3 entre 48 y 49, se registró un siniestro similar

Se conoce que, lamentablemente, miles de libros y colecciones de gran valor histórico existentes en bibliotecas y otras dependencias públicas, cuando no resultan robados, deben ser sacados de los anaqueles luego de sufrir largos procesos de deterioro sin que se intentara preservarlos aplicando procedimientos de selección y tratamientos eficaces.

Y que similar proceso sufren los documentos públicos, apilados al azar durante años, sin ponderarse si allí sólo existen papeles para reciclar o documentos que con el tiempo cobrarán un valor trascendental. En términos generales, puede decirse que la falta de criterios rectores deriva en que, muchas veces, contra lo que debería hacerse -conservar los papeles durante un determinado plazo y luego seleccionar cuáles deben destruirse o pasar al Archivo Histórico de la Provincia-, terminen por acumularse documentos en forma desmedida y cada vez resulte más difícil rescatar aquellos que tienen valor.

Tanto en esos casos genéricos como en el que ahora ocurre en el Archivo de Educación, es donde la digitalización puede también aligerar buena parte de la documentación original que se conserva. Lo cierto es que los archivos oficiales poseen, potencialmente, un enorme valor histórico. Por consiguiente, debieran alentarse todas las iniciativas que apunten a ese objetivo y que, por lo tanto, abren una instancia importante para plasmar distintos sistemas de identificación y preservación de una riqueza documental que no debe perderse bajo ninguna excusa.