La Cámara de Diputados realizará los próximos día 25 y 26 de marzo, luego del fin de semana largo, las audiencias públicas clave por la reforma de la Ley de Glaciares, en medio de una fuerte polémica por la limitación en la participación ciudadana. De los más de 100 mil inscriptos, solo 400 podrán exponer de manera oral, una decisión impulsada por el bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA).
El esquema prevé una jornada presencial y otra virtual, con cerca de 200 expositores en cada instancia. El resto de los inscriptos deberá presentar sus opiniones por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos, lo que generó críticas de sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que denuncian una restricción al debate público.
Además, el acceso a las audiencias estará limitado a los 66 diputados que integran las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, junto a dos asesores por bloque, lo que anticipa un clima de tensión en el Congreso.
En paralelo, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. La causa quedó a cargo del juez Enrique V. Lavié Pico, quien deberá definir si el Congreso debe ampliar el cronograma. De prosperar ese planteo, las audiencias podrían extenderse durante aproximadamente 500 días.
El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca flexibilizar las restricciones vigentes en zonas periglaciares para habilitar actividades económicas, como la megaminería y la explotación de hidrocarburos, siempre sujetas a evaluaciones de impacto ambiental. También propone otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué áreas proteger.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de gobernadores aliados al oficialismo, que promueven la llegada de inversiones, pero enfrenta el rechazo del peronismo, la izquierda y bloques provinciales, además de organizaciones ambientalistas que advierten sobre posibles daños a ecosistemas considerados estratégicos.
Mientras tanto, el oficialismo ratificó el cronograma original de las audiencias, pese a los pedidos para extenderlas y garantizar mayor participación. El debate promete escalar en los próximos días, en un escenario donde se cruzan intereses económicos, ambientales y políticos.
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