Definen en el Senado emergencia para obras

En medio de los fuertes tironeos que mantienen con sus socios del Frente Renovador, los senadores provinciales del oficialismo buscan por estas horas los votos necesarios para sancionar, en la sesión convocada para esta semana, el proyecto que declara el estado de emergencia en materia de infraestructura enviado por el gobierno de María Eugenia Vidal a la Legislatura.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 16 de marzo, en una sesión en la que los legisladores de Cambiemos contaron con el respaldo del massismo y del Frente Progresista, ante la negativa del Frente para la Victoria de prestar apoyo, con un fuerte cuestionamiento a las prerrogativas del proyecto con respecto al mecanismo de licitación y adjudicación de obra pública.

La movida del oficialismo tuvo como punto de partida la sesión que se realizó en el cuerpo el martes pasado, convocada para rendir homenajes por el aniversario del golpe de Estado de 1976, pero que sirvió también para que el proyecto obtenga “moción de preferencia”. De esa manera, su tratamiento en el recinto no requerirá la aprobación de los dos tercios, un número que macristas y radicales no tienen asegurado.

En la Cámara alta, el bloque de Cambiemos cuenta con 16 escaños sobre un total de 46. El Frente Renovador, por su parte cuenta con nueve bancas. Todo indica que el massismo, igual que en Diputados, acompañará al proyecto, luego de que se cerrara la disputa por el reparto de las comisiones. Con todo, hay dudas sobre si podrá asegurar los nueve votos en ese mismo sentido.

OTRA LLAVE

Pero los hombres del oficialismo en el Senado cuentan con otra llave a su favor: la fractura que sufrió el peronismo, que quedó dividido en dos bancadas, una del PJ, con nueve integrantes, y otra del Frente para la Victoria, con ocho. El FpV, que agrupa a los legisladores de La Cámpora y del kirchnerismo puro, como Sergio Berni, ya anunció que no acompañará la norma, a la que calificaron como “un cheque en blanco” para la gobernadora Vidal. Pero, en tanto, todo indica que el PJ sí prestará los votos para la iniciativa.

El proyecto, cuyo tratamiento fue reclamado por la gobernadora Vidal durante la Asamblea Legislativa, apunta a agilizar los plazos para la adjudicación de obra pública en la Provincia a partir de varias disposiciones que permiten al Ejecutivo eludir mecanismos de control.

En la redacción final, que se acordó en el marco de las negociaciones abiertas en Diputados, se incluyó un polémico artículo que dispone un plazo limitado en el cual deben expedirse los organismos de control sobre los expedientes para la adjudicación de obra pública.

Concretamente, estipula que “la Contaduría General, la Asesoría y la Fiscalía de Estado expedirán sus informes, dictámenes y vistas en un plazo máximo y común de siete (7) días hábiles (...) En caso de que los organismos no remitieren el informe en ese plazo, se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requiriente autorizado para disponer la continuación del trámite”.

Además, en otro polémico pasaje que generó reclamos desde la oposición, se decidió incluir en la norma una disposición por la cual se exceptúa al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial los procedimientos de licitación y adjudicación de obra.

En el proyecto también se permite contratar para realizar obra pública en la Provincia a empresas que no integren el Registro Público de Proveedores.