Discrepancias judiciales tras el procesamiento de Cristina

El fiscal federal Jorge Di Lello cuestionó ayer los procesamientos en la causa por la venta de dólar a futuro, al advertir que “las decisiones de conducción de un Estado no pueden ser tomadas como susceptibles de delitos” porque “estaríamos en una situación de gobierno de los jueces”.

Tras la decisión del juez Claudio Bonadio de imputar a la ex presidenta Cristina Fernández y a otros ex funcionarios kirchneristas, Di Lello criticó al magistrado, al manifestar que si “tenía a su disposición decidir que no se vendiera porque era un delito, y dice ‘véndalo’, de alguna manera funciona como parte de que ese delito se materialice”.

DECISION POLITICA

“Las decisiones de conducción de un Estado no pueden ser tomadas como susceptibles de delitos por el solo hecho de ser una decisión política porque sino, prácticamente, a la larga o a la corta, estaríamos en una situación de gobierno de los jueces”, sentenció.

En diálogo con radio Del Plata, el fiscal que maneja una causa paralela a la de dólar futuro, en la que están denunciados Bonadio y funcionarios del actual gobierno, señaló que si el juez no estuviera imputado “lo lógico” sería no partir las causas. “Es todo parte de la misma historieta”, enfatizó.

Sobre Bonadio, Di Lello indicó que “si es delito la maniobra que hicieron en conjunto las personas imputadas”, el juez “no podría haber ordenado pagar un dólar que materializa el delito”.

“Por ejemplo: si le avisa que tienen detenido a una persona que sabe que va a matar a otra persona y usted dice ‘déjelo circular libremente’, usted es prácticamente quien posibilita que ese delito se cometa”, enfatizó el fiscal.

Di Lello también sostuvo que “hoy Comodoro Py luce hiperactivo cuantitativa y cualitativamente”, pero pidió que si “en un acto que tiene naturaleza política se encuentra un hecho tipificable, un cohecho o un abuso de autoridad”, que esa sea “la parte relevante no la mera decisión”.

El viernes, Bonadio procesó a la ex presidenta y la embargó por 15 millones de pesos, al considerarla responsable del delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por la pérdida que sufrió el Estado con la operación de venta de dólares a futuro a fines del mandato de Cristina Fernández de Kirchner.