Sancionaron en Diputados la ley de modernización del Estado

En la última sesión antes del receso invernal, la Cámara de Diputados bonaerense sancionó ayer el proyecto de ley de modernización del Estado impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal, que habilita la implementación de nuevas tecnologías en el ámbito de la administración pública de la Provincia.

La norma -que contó con el respaldo de la oposición- fue definida desde la bancada de Cambiemos como “la salida de un Estado arcaico y la puerta de entrada a las nuevas tecnologías del siglo XXI para acercar la administración pública al ciudadano”. Básicamente, habilita un “sistema de gestión de resultados”, la puesta en marcha de “planes estratégicos de gestión” y de “mecanismos de atención ciudadana”.

En efecto, a partir de su reglamentación, se modernizará el sistema de consultas, solicitudes, sugerencias y reclamos, para que los ciudadanos puedan resolver las inquietudes desde su casa.

Habrá también una ventanilla única de trámites y una política de “datos abiertos” con el objetivo de transparentar la gestión.

Otro de los aspectos centrales del proyecto sancionado ayer es el relacionado al gobierno electrónico y las nuevas tecnologías para la administración pública, como la “sede electrónica”, la “firma electrónica”, las “compras electrónicas” y la digitalización de documentos y procesos administrativos.

TASAS

En la sesión de ayer, la Cámara baja aprobó y giró al Senado un aumento en las tasas retributivas de servicios administrativos y judiciales, cuya actualización había quedado pendiente desde el tratamiento de la Ley Impositiva a principio de año.

El proyecto, impulsado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Daletto, propone un aumento del 30% para las tasas administrativas de distintos organismos como el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, el Registro de las Personas, el OPDS, Arba, la Escribanía General de Gobierno y de Justicia.

Los legisladores bonaerenses también aprobaron en sesión un proyecto de ley de los diputados oficialistas Rosío Antinori y Santiago Nardelli promoviendo el uso de energías renovables.

La propuesta establece una eximición por el término de 15 años de los impuestos inmobiliarios, de sellos e ingresos brutos a los titulares de las inversiones y/o concesionarios de proyectos de instalación de centrales de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables.