En representación del gobierno provincial, el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, presentará en las próximas horas, ante la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional para recuperar el dinero del Fondo del Conurbano -congelado hace 21 años- y poder así cobrar el retroactivo de los últimos 5 años, cifra que rondaría los 300 mil millones de pesos. Aunque en las últimas horas había tracendido que dicho documento ya se había presentado, fuentes del ministerio de Economía le confirmaron a EL DÍA que aun no se ha realizado tal presentación.
Según se afirmó, la Provincia presentará un amparo que abrirá la posibilidad de percibir más fondos mientras espera que el máximo tribunal se expida sobre este tema. También en dicho pedido se solicitará que Buenos Aires tenga un lugar en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, compuesto por más del 4% de la recaudación del impuesto a las Ganancias. Dicho fondo see reparte entre todas las provincias argentinas, menos Buenos Aires.
Fue en este sentido que el ministro de Gobierno, Federico Salvai, consideró; "el presidente de la Nación, Mauricio Macri, está de acuerdo con el reclamo porque considera que es legítimo". El funcionario bonaerense aseveró que, si todo se resuelve favorablemente para la Provincia, se espera recuperar "48 mil millones este año", aunque también tomó la precaución de aclarar: "habrá que ver qué resuelve la Corte con respecto al cobro retroactivo" a cinco años atrás.
"El dinero irá directo a inversión. Hoy, más del 90 por ciento del Presupuesto General de Gastos se destina a sueldos y gastos corrientes. Queda muy poco para inversión", aseguró Salvai.
Dentro de la presentación entregada a la Corte se incluye el reclamo por 300 mil millones de pesos, que provienen del retroactivo de los recursos que la Provincia no recibió del Fondo del Conurbano en los últimos cinco años, más los 48 mil millones de pesos que este año significará el 10% de la recaudación del impuesto a las Ganancias, con el que se constituye ese fondo.
El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 para devolverle a Buenos Aires los puntos de coparticipación que había perdido en los años 80, pero en 1996 fue congelado en 650 millones de pesos ante los reclamos de los gobernadores, y se modificó la ley para ponerle un tope.
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