Un planteo judicial como remedio a la discriminación

La provincia de Buenos Aires ha sido discriminada durante años en el reparto de fondos federales. Una ley de coparticipación que claramente la perjudica y el congelamiento del Fondo del Conurbano, nacido paradójicamente para atender las profundas necesidades sociales de amplios sectores de la población que migra desde otras provincias rumbo al Gran Buenos Aires, se han conjugado para establecer una suerte de cepo financiero que impidieron al principal distrito del país salir de su pronunciado estancamiento.

La situación se ha tornado insostenible y agravado en los últimos años. El Estado provincial apenas si consigue recursos para pagar sueldos y le queda poco y nada para dar respuesta al notorio déficit que acumula en infraestructura vial, escuelas, hospitales o dotación de servicios esenciales como agua corriente o cloacas.

Si no existe ayuda nacional, apenas si subsiste en medio de demandas crecientes y necesidades que no encuentran soluciones.

Algunas cifras describen muy gráficamente cómo Buenos Aires es discriminada en relación a lo que reciben otros distritos.

Es la provincia con mayor densidad poblacional, la que más aporta en concepto de recaudación y la que menos beneficios recibe en la distribución. No sólo eso: concentra la mayor cantidad de pobres.

Buenos Aires aporta 37 pesos por cada 100 pesos que recauda la Nación, pero sólo recibe 18 pesos.

Esa inequidad se agravó con el correr de los años. En 1995 el gobierno nacional estableció un tope de $650 millones anuales en concepto del denominado Fondo del Conurbano.

La Provincia debería ser partícipe de la torta que supone el 10% de lo que recauda la Nación por el Impuesto a las Ganancias si no existiese ese cepo. Y embolsaría nada menos que 48 mil millones de pesos al año.

La clarísima discriminación bonaerense se verifica en otros números. Frente a los 650 millones que recibe la Provincia, Santa Fe embolsará este año 7.281 millones de pesos y Córdoba, 7.150 millones de pesos.

Tucumán, con una superficie territorial infinitamente menor y una población muchísimo más pequeña, percibirá 4.200 millones de pesos (ver gráfico). Estos ejemplos sirven para demostrar no sólo cómo han crecido los ingresos de otros distritos sino también la forma en que el congelamiento de los recursos por el Fondo del Conurbano condenó a Buenos Aires a ocupar el último lugar de la tabla.

En términos políticos, la presentación judicial radicada ayer en la Corte Suprema por la administración de María Eugenia Vidal aparece lejos de ser un desafío al gobierno nacional. Más bien, es una estrategia cuidadosamente diseñada en sintonía con el gobierno de Mauricio Macri en busca de aplacar los planteos de otras provincias. Es que para que Buenos Aires recupere lo que le corresponde, el resto de los distritos deberá ceder recursos. No es una tarea sencilla de lograr: ningún gobernador parece dispuesto a inmolarse con gestos altruistas hacia el principal distrito del país.

Acaso el planteo judicial sea la excusa para encontrarle una salida política al asunto. Macri aparece dispuesto a atender las necesidades que le viene planteando la Gobernación. No sólo pesa el reconocimiento a una situación muy poco equitativa: también influyen las necesidades electorales y la mirada cada vez más posada en los comicios de medio término.

Cambiemos se juega mucho en las elecciones del año que viene y la Provincia volverá a ser la madre de todas las batallas. Una inyección de fondos extra en un territorio clave como el bonaerense, puede resultar decisivo para la suerte del oficialismo.

Pero más allá de las especulaciones, están las necesidades diarias, los reclamos sin atender y las urgencias que no admiten demora. La enorme deuda social requiere de respuestas urgentes, esas que van más allá del calendario electoral.