Cupo laboral por discapacidad: “sugieren” al Estado acatar la Ley

Si ya de por sí son pocos los organismos públicos que respetan el cupo laboral por discapacidad -una garantía mínima dispuesta por Ley para evitar situaciones de discriminación-, la emergencia administrativa decretada este año por el gobierno bonaerense terminó por cerrar las puertas del mundo del trabajo a quienes sufren alguna discapacidad. Así lo denuncian varias organizaciones civiles de La Plata que, tras presentar un reclamo formal lograron que la Defensoría del Pueblo emitiera una resolución a su favor. En ella, el organismo “recomienda” al Estado cumplir con la Ley y la Constitución Nacional.

La curiosa fórmula utilizada por la Defensoría en su resolución se conoció días atras en el marco de un reclamo que vienen planteando contra el gobierno bonaerense media docena de ONGs vinculadas a la temática. Y es que –como resaltan desde la Asociación Azul, una de esas entidades-, en los últimos meses “los expedientes de personas con discapacidad en vías de ser empleadas en distintas oficinas públicas fueron detenidos por los funcionarios correspondientes, evitando que se hicieran efectivos sus ingresos”.

Lejos de un exigencia arbitraria, el reclamo de las ONGs (entre las que figuran la Asociación de Sordomudos de La Plata, el Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de La Plata, la Comisión Universitaria de Discapacidad de la UNLP, la Asociación por los Derechos Civiles y la Asociación Civil por la Igualdad) se basa tanto en un artículo de la Constitución como en una ley provincial que rige desde hace treinta años (la 10.592).

“La ley de cupo laboral da la posibilidad de conseguir trabajo a personas que de otro modo nunca conseguirían ni siquiera ser consideradas para un puesto, ayudando así a contribuir a la igualdad real de oportunidades y de trato que afirma la Constitución”, explica Juan Cobeñas, uno de los referentes de la Asociación Azul, al denunciar el incumplimiento del Estado a este marco normativo creado para evitar situaciones de discriminación.

“A pesar de que la Ley establece un cupo del 4 % de la totalidad de personal de la administración provincial `a ser ocupados exclusivamente por personas con discapacidad`, y aclara que estas vacantes `no estarán sujetas a vulneración alguna en relación a su disponibilidad`, hoy menos de un 1% de esos puestos están cubiertos y el decreto de congelamiento administrativo empeoró aún más la situación”, dice Cobeñas.

Tras solicitar hace un mes una entrevista con la gobernadora María Eugenia Vidal sin recibir respuesta, las ONGs llevaron su reclamo ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que emitió una resolución a su favor.

En ella, el secretario a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelo Honores, señala que “ningún acto administrativo general (decretos) de menor jerarquía normativa puede contradecir lo establecido por la Ley Provincial Especial”, por lo que recomienda al gobierno bonaerense incorporar dentro de las excepciones de decreto de congelamiento de vacantes administrativas a las personas con discapacidad.

Mientras aguardan que la administración bonaerense se haga eco de lo indicado por la Defensoría, desde la Asociación Azul señalan que “la ausencia de las personas con discapacidad en el escenario del trabajo constituye una forma más de la discriminación” que sufren al intentar participar de la vida en comunidad.