Para el gobierno catalán las elecciones anticipadas "no están sobre la mesa"

El gobierno catalán no tiene prevista una convocatoria a elecciones regionales anticipadas, informó hoy el vocero oficial, Jordi Turull, en réplica a las medidas tomadas ayer por el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, frente al intento independentista de Cataluña, entre las que se encuentra el llamado a elecciones en la norteña región de España.

Después de un acuerdo con el PSOE, principal partido de la oposición, Rajoy aplicó por primera vez en la historia el artículo 155 de la Constitución española, que permite a Madrid intervenir en los gobiernos autonómicos ante quiebres del orden constitucional, y pidió la convocatoria a elecciones autonómicas antes de seis meses en esa región autónoma. Rajoy solicitó además al Parlamento que cese al presidente catalán, Carles Puigdemont, con todo su gobierno, y que limite las funciones del Parlamento regional.

Pero, en declaraciones a una emisora de radio, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, aseguró hoy que "no está sobre la mesa" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoque elecciones regionales anticipadas. Será el Parlamento regional, agregó, quien se pronuncie, previsiblemente esta semana, sobre las medidas decididas por el Ejecutivo español para acabar con el desafío separatista.

Para frenar el proceso secesionista catalán, el Consejo de Ministros aprobó un decreto, que deberá ratificar el Senado el 27 de octubre, para ejercer temporalmente las competencias del autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución española.

Puigdemont, anunció ayer que pedirá a la cámara legislativa catalana que celebre un pleno para decidir sobre el "intento de liquidar" el autogobierno de Cataluña, que consideró "el peor ataque a las instituciones" democráticas regionales desde los tiempos de la dictadura del general Franco (1939-1975).

Apuntó Turull que el pleno del Parlamento catalán adoptará una decisión respetuosa con el resultado del referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre -declarado inconstitucional- y en defensa de las instituciones catalanas.

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Según los datos del Gobierno catalán, el 90% de los votantes de esa consulta, que el Ejecutivo en Madrid denuncia por haber sido celebrada ilegalmente y sin garantías, respaldaron la independencia de Cataluña.

"Cataluña será lo que decida el Parlamento, el representante legítimo de los ciudadanos, no lo que decidan otros", pues se trata de un "un tema de dignidad institucional", señaló Turull, que acusó al Ejecutivo central de "un golpe de Estado a instituciones democráticamente escogidas".

El Ejecutivo central justificó la aplicación de las previsiones constitucionales en Cataluña por la "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" de las autoridades regionales independentistas a las leyes nacionales y atentar "gravemente" contra el interés general de España.

El artículo 155 faculta al Ejecutivo a tomar todas las medidas necesarias contra cualquiera de las regiones autónomas que violara las leyes que rigen su autogobierno o la Constitución y que pusiera en riesgo el interés general.

Su aplicación, algo inédito en casi 40 años desde que España recuperara su democracia, debe ser aprobada por mayoría absoluta del Senado. El Partido Popular (PP) de Rajoy tiene precisamente mayoría absoluta en la cámara, y en este asunto contará también con el apoyo de otros grandes partidos, lo que le garantiza su aprobación por amplio margen.

Mientras el PSOE y Ciudadanos respaldaron a Rajoy, el líder del partido de izquierda Podemos, Pablo Iglesias, escribió en Twitter que "el bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España".