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El ministro de Energía, Juan José Aranguren, formalizó ayer la decisión del gobierno nacional de no prorrogar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde enero de 2002, una decisión que permitirá llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas.
“Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”, dijo Aranguren al participar ayer en el cierre del Congreso Nacional de Abogados del Estado, que se desarrolló en el Teatro General San Martín.
El funcionario consideró que la llegada “a su fin” de la Ley de Emergencia Económica permitirá “recuperar los marcos regulatorios” de los contratos y “no volver a incumplirlos”, como sucedió en el pasado tras la crisis desatada en 2001 y la salida de la convertibilidad.
La “Ley de Emergencia Económica” fue sancionada en la primera semana de enero de 2002, en los comienzos del gobierno de Eduardo Duhalde, en el marco de las medidas destinadas a paliar la crisis desatada con el fin de la convertibilidad y tras la salida anticipada del presidente Fernando de la Rúa a fines de diciembre de 2001 y la seguidilla de mandatarios interinos que asumieron la primera magistratura en un plazo del algo más de dos semanas.
La Ley de Emergencia Económica le dio a la administración de Eduardo Duhalde un marco jurídico de “excepción”, que le permitió establecer la nueva relación del tipo de cambio, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos; congelar tarifas y renegociar los contratos de los servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica, entre otras cuestiones.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ya había adelantado la posibilidad de que se eliminara esta ley: “la emergencia económica, empieza a tener cada vez menos sentido, con una economía que crecerá dos años de manera consecutiva”.
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