Michetti sobre el Correo: “Lo mejor es que se investigue”

La vicepresidenta Gabriela Michetti instó ayer a “no creer” que el presidente Mauricio Macri sabía del acuerdo que el Gobierno selló con el Correo Argentino por una deuda que la empresa mantiene con el Estado, a la vez que consideró “perfecto y razonable” que intervenga la Oficina Anticorrupción y que la Justicia “revise” el convenio.

En medio de los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición al convenio firmado en junio, Michetti remarcó que lo mejor será que investigue la Justicia.

La diputada del GEN Margarita Stolbizer advirtió que el “conflicto de intereses” por el acuerdo que fue frenado por la fiscal Gabriela Boquín “podría involucrar” al propio Presidente y sostuvo que los legisladores del oficialismo no podrán sacar al Poder Ejecutivo de este “lío fenomenal”.

A las voces que se alzaron luego de conocerse el fallo de Boquín, que calificó el arreglo con el Correo Argentino como “abusivo”, ayer se sumó la de la Vicepresidenta, quien remarcó que el tema “se manejó en el marco de la institución que se tenía que manejar” y “se actuó como se debe actuar sin tener diferencias”.

Michetti opinó que “es bastante razonable que la Oficina Anticorrupción, para que no queden dudas, intervenga y si la fiscal quiere abrir un proceso para mirar lo que pasó con esas negociaciones lo haga y que la Justicia lo revise. Me parece perfecto”.

En este sentido, garantizó que “no va a haber ninguna defensa por encima del interés que cualquier empresa podría haber tenido en este caso”.

“Para el Gobierno y para el propio Presidente es mejor que esto quede absolutamente claro, que esto está bien hecho, en el marco de lo judicial y no había ninguna cosa de prebenda o favoritismo”, aseguró la Vicepresidenta, quien instó a “no creer que el presidente (Mauricio Macri) sabía” del acuerdo con el Correo Argentino.

Stolbizer enfatizó que el Gobierno está en “un lío fenomenal del que no lo van a sacar los legisladores”, debido a que “es la Cámara Comercial la que va a resolver esta cuestión”.

“Es un conflicto de intereses tan claro que hasta podría involucrar al propio Presidente”, señaló la diputada y añadió: “No sé si las empresas de cuyas acciones el propio Macri es titular no son, a su vez, controlantes del Correo Argentino, porque ellos tienen una empresa familiar donde muchos tienen cruzadas acciones en distintas empresas y unas controlan a otras”.

La dirigente del GEN también recordó que el kirchnerismo “aceptó no cobrar el canon” a Correo Argentino S.A. “durante 10 años, ni Néstor (Kirchner) primero ni Cristina (Fernández) después, y le trasladaron el problema” al Gobierno “que termina estando atado a la urgencia de cobrarle, porque, si no, hubieran incumplido con sus deberes”.

En esta línea, el diputado nacional por la UCR Mario Barletta culpó al kirchnerismo por haber “licuado la deuda” de la empresa y defendió el acuerdo que fue rechazado por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien lo calificó de “abusivo”.

Barletta advirtió que si se sigue postergando el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino por una deuda que la empresa arrastra desde 2003, “nos va a terminar pagando un paquete de caramelos el señor (Franco) Macri”.

En ese marco, el sindicalista Pablo Moyano cuestionó el acuerdo y dijo que “con lo que pasó con los Panamá Papers, con el dinero que se le encontró a la Vicepresidenta, que al final no se supo qué pasó, con lo de (el jefe de la AFI, Gustavo) Arribas, más el escándalo del Correo, le vamos a tener que pedir disculpas a Báez. Al lado de esto, es Ceferino Namuncurá”.

El ruido político en torno a este tema se ha intensificado en las últimas horas. Desde el Gobierno, las explicaciones quedaron a cargo del ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, sin que haya habido hasta ahora ninguna referencia de parte del Presidente ni tampoco del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Según trascendidos extraoficiales, este fin de semana se terminaría de definir la estrategia del Gobierno paar enfrentar los cuestionamientos que ha generado el acuerdo con el grupo empresario de la familia presidencial.