Otra denuncia de Carrió señala a funcionarios judiciales y políticos

La diputada nacional Elisa Carrió presentó una nueva denuncia de presunta connivencia entre funcionarios judiciales, políticos y policiales para el funcionamiento de una “red delictual“ en Lanús y Lomas de Zamora, poniendo en foco al “mercado más ilegal del país” en referencia a la feria conocida como La Salada.

A través de una nota dirigida a al presidente del Senado provincial, Daniel Salvador, al procurador Julio Conte Grand y a la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Nidia Moirano, la dirigente de la Coalición Cívica advierte sobre una serie de denuncias y hechos que, según sus argumentos, vinculan a barrabravas y “jefes territoriales” con policías de la comisaría de Ingeniero Budge, señalando fundamentalmente su presunta relación con fiscales, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

El documento fechado el miércoles 17 de mayo pero recién difundido ayer por la propia Carrió a través de las redes sociales reclama un estricto contralor sobre los jueces y fiscales abocados a las causas penales que tienen como escenario a La Salada, foco -según indica la legisladora- de “piratería, venta de drogas, armas y trata de personas”, destacando las “escasas investigaciones judiciales por estos delitos que en ese Departamento llegan a término”.

Y señala que en los últimos años policías de Budge fueron separados de sus cargos acusados de corrupción, en el marco de “abultadas recaudaciones ilegales”, y una denuncia de “cohecho y violación sexual” a una feriante de La Salada, delito por el que poco tiempo después fueron excarcelados. “Existen fundadas razones que afirman que los audios que involucran a fiscales de Lomas de Zamora también desaparecieron de la causa que lleva adelante la Fiscalía General y el juzgado de Garantías N° 6 a cargo de la Laura Ninni”, dice en el escrito la diputada de Cambiemos.

Además, involucra en su denuncia al fiscal Carlos Baccini, quien ha manejado todas las causas vinculadas a delitos en torno a esa feria, apartado luego por la Fiscalía General, que tomó a su cargo estos expedientes.

Carrió sostiene que, con esta “centralidad”, funcionarios provinciales y municipales se aseguraron “un sólo canal de diálogo y la complicidad e impunidad con los dos líderes territoriales de esa feria Enrique Antequera y Jorge Castillo, alias el Rey de la Salada”, así como barras de diferentes clubes que se disputan el territorio para los delitos denunciados.

niegan vinculos

La líder de la Coalición Cívica sostuvo además una presunta “vinculación” entre el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y Antequera, aunque desde el entorno del funcionario provincial lo negaron rotundamente y afirmaron que la legisladora se basa en una foto que fue sacada en un ámbito público en el que el Ministro desconocía la presencia e identidad de Antequera.

Por otra parte, también afirma que mandan allí barras bravas de River, Boca y San Telmo.

Pero, fundamentalmente señala los vínculos del fiscal general del Departamento Judicial de Lanús, Guillermo Castro, quien, según Carrió, “a pesar de tener ocho denuncias en contra, fue premiado por sus vínculos con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti”.

PEDIDO DE CONTRALOR

Por esto, la nueva polémica que abre la diputada a partir de esta denuncia apunta, según consta en la carta difundida, que los órganos del Senado como la comisión de Asuntos Constitucionales y la bicameral de Jury tome en cuenta “estos antecedentes” a efectos de “vigorizar el estricto contralor de los funcionarios judiciales mencionados, previniendo nichos de corrupción en los que pueda participar personal judicial asociado con sectores policiales y políticos”.