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Bloqueos y choques con la Policía paralizan la capital del país, que además recibió una marcha de seguidores de Evo Morales. Reclamos económicos, sociales y políticos
Un manifestante lanza una granada de gas lacrimógeno a la policía en una protesta antigobierno en La Paz
Bolivia atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política y social de los últimos años. A apenas seis meses de haber asumido la presidencia, Rodrigo Paz enfrenta protestas, bloqueos de rutas, marchas multitudinarias y enfrentamientos con la Policía que mantienen al país prácticamente paralizado y elevan el temor a una escalada aún más grave.
La crisis tuvo ayer un nuevo punto de inflexión cuando una marcha de sectores afines al expresidente Evo Morales llegó a La Paz tras siete días de caminata desde el altiplano. La movilización se sumó a sindicatos obreros, campesinos, maestros y organizaciones vecinales que desde hace casi dos semanas exigen la renuncia del mandatario.
Las protestas se concentraron alrededor de la plaza Murillo, donde se encuentran la sede presidencial y el Parlamento. Allí se registraron fuertes choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Policía utilizó gases lacrimógenos para impedir el avance de las columnas, mientras algunos grupos respondieron con petardos, piedras y cargas de dinamita.
En medio de la tensión, el Gobierno evacuó funcionarios del Parlamento y la Fiscalía anunció una orden de captura contra Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), acusado de instigación pública a delinquir y terrorismo. La medida profundizó aún más el conflicto con el principal sindicato del país.
Las protestas mezclan reclamos económicos, sociales y políticos. Uno de los detonantes fue la exigencia de aumentos salariales del 20% impulsada por maestros rurales, obreros y otros gremios, en medio de una delicada situación económica. El Gobierno sostiene que ese incremento es inviable debido a la crisis y a las previsiones de caída económica para este año.
Otro foco de conflicto es la escasez y mala calidad de los combustibles, denunciada por transportistas y mineros cooperativistas. A esto se suman reclamos de campesinos e indígenas amazónicos contra la Ley 1720, una norma sobre propiedades rurales que temen pueda poner en riesgo sus tierras frente al sistema financiero. Aunque Paz aceptó derogar esa ley, el gesto no logró desactivar la protesta. Al contrario, sectores campesinos de La Paz, agrupados en la Federación Tupac Katari, radicalizaron su postura y pasaron de exigir cambios económicos a pedir directamente la salida del presidente.
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En paralelo, el regreso de Evo Morales al centro de la escena política añadió aún más tensión. Sus seguidores se movilizan contra las reformas impulsadas por Paz y denuncian persecución política luego de que la Justicia emitiera una nueva orden de captura contra el exmandatario por una causa de presunta trata agravada de personas.
El Gobierno denuncia un intento de desestabilización. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que existe un “proceso conspirativo” y rechazó cualquier posibilidad de renuncia, insistiendo en que Paz fue elegido democráticamente en noviembre de 2025.
Mientras tanto, desde Santa Cruz -la región más poblada y motor económico del país- surgió un fuerte respaldo al Gobierno y un pedido de endurecimiento de medidas. La Asamblea de la Cruceñidad, integrada por empresarios, transportistas y dirigentes regionales, reclamó la declaración de un “estado de excepción sectorizado” en las zonas más conflictivas, especialmente en La Paz.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió además que la Policía, la Justicia y las Fuerzas Armadas actúen “de manera inmediata y firme” contra quienes promuevan acciones violentas o intenten “destruir la democracia”.
La dirigencia cruceña convocó también a una gran marcha nacional “en defensa de la democracia”, reflejando la creciente polarización entre regiones y sectores políticos del país.
Los bloqueos de rutas continúan principalmente en La Paz, aunque también afectan zonas de Oruro, Cochabamba y Chuquisaca. Las protestas ya generan problemas de abastecimiento y aumentan la incertidumbre económica en un país golpeado por la inflación, el desgaste político y una creciente fragmentación social.
En las calles bolivianas, el clima es cada vez más explosivo. Las consignas contra el Gobierno, los llamados a una “guerra civil” y el endurecimiento de las posiciones muestran que el conflicto está lejos de encontrar una salida rápida.
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