Polémica por quita de equivalencias entre las facultades de Ingeniería

Con el propósito de “dar más alternativas a los estudiantes y promover la graduación de ingenieros”, el ministerio de Educación de la Nación, a través de la secretaría de Políticas Universitarias, firmó un acuerdo con 46 universidades públicas y privadas -al que adhirió la UNLP- que permite a los alumnos de Ingeniería cambiar de casa de altos estudios sin rendir equivalencias. Y se desató la polémica.

Tanto desde la Conadu como desde la Conadu Histórica salieron con los tapones de punta, calificando la iniciativa como una “vuelta a la política educativa de los ‘90, cuando se equiparó la educación pública con la privada”. También indicaron que “se pasa por arriba de los proyectos académico-regionales -“por algo hay 47 universidades en el país”, subrayaron-, así como de la autonomía universitaria”.

El titular de la Conadu, Carlos De Feo, dijo a este diario que “no hubo un trabajo previo, no se consultó con nadie, en el capítulo universitario del Plan Maestro (el plan de reforma educativa del gobierno nacional) todo lo que se dice está basado en datos incorrectos. Esto recuerda mucho a otras épocas donde se le hizo un daño enorme a la universidad pública. Equiparar públicas y privadas sólo puede tener el objetivo de favorecer a estas últimas, porque salvo en ciertas carreras ligadas a las leyes o a la economía, la diferencia de nivel es abismal”, consideró.

El denominado Sistema de Reconocimiento Académico (SRA) tiene su “fuente de inspiración” en el conocido Proceso de Bolonia que Europa puso en marcha a fines de los ‘90. Aquí, el sistema de créditos y equivalencias automáticas ya había sido tomado por la Universidad de Córdoba. A nivel país, debutó anteayer con la iniciativa destinada -por ahora- a 230 carreras de ingeniería.

De Feo dijo que “nos encontramos muy lejos de oponernos a la movilidad y a las relaciones internacionales. Lo que nos preocupa y mucho es la liviandad con que se encaran estas cosas”.

“OTROS PRESUPUESTOS”

Tras la firma del acuerdo, Alejandro Finocchiaro subrayó que el gobierno “alentará” a ciertas carreras en contraposición con otras, porque “lo que el país necesita en este momento son disciplinas en áreas del conocimiento vacantes, o que coadyuven al desarrollo productivo nacional”.

“Necesitamos ingenieros en informática, en petróleo, en agronomía; necesitamos enfermeros; necesitamos geólogos, que hoy debemos buscarlos en el exterior y salen fortunas; necesitamos enólogos”, enumeró el ministro, para asegurar que la promoción de esas carreras “no va a acarrear la desfinanciación de otras”. No obstante, cuando se refirió a la creación de nuevas carreras, fue tajante y advirtió que “si una universidad quiere abrir una carrera de derecho, por supuesto que lo podrá hacer, pero tendrá que sacar partidas de otros presupuestos” para poder llevarlo a cabo.

“No se puede tener en un radio de cinco kilómetros cuadrados universidades que dicten las mismas carreras, eso es una dilapidación de recursos”, opinó, y no coincidió con quienes dicen que “esto rompe con la autonomía universitaria”.

“Tenemos que trabajar para que la universidad no sea una isla, para que esté inserta en el contexto del desarrollo productivo, social, cultural y político de la Nación”, destacó.

“¿A QUÉ SE REFIERE?”

El titular de la Conadu puntualizó: “Cuando el ministro de Educación habla de un sistema universitario al servicio del desarrollo productivo, ¿a qué se refiere? ¿Al proyecto de reprimarización de la economía nacional que está llevando adelante su gobierno? ¿Qué tenemos que pensar cuando habla de redireccionar los recursos a pocos días de que hayan desechado un proyecto estratégico como el del Arsat?”, se preguntó.

Volviendo al sistema de créditos, insistió en que “si se analiza el plan de estudios de Medicina de la Universidad del Comahue, orientado hacia un médico sanitarista, generalista, nada tiene que ver con el plan de la facultad de Medicina de La Plata. Parecen dos carreras distintas”, exageró, para insistir en el “carácter regional de los proyectos académicos universitarios, que esta propuesta de Educación de la Nación apunta a borrar de a poco”.

El secretario adjunto de la Conadu Histórica, Antonio Roselló, criticó además la “distribución discrecional de fondos”. “Es el Congreso Nacional el que asigna el presupuesto y no se puede privilegiar una carrera sobre otra sin una discusión interuniversitaria y parlamentaria”, remató.