El ajuste de los contratos se hará por el promedio del índice de salarios e IPC, pero los privados pidieron que se adopte la UVA. El Gobierno aceptaría esto último, pero la oposición lo rechaza. Se modificaría la duración mínima de los contratos de 2 a 3 años.
Uno de los puntos que el Gobierno aceptó debatir es el de las garantías. El proyecto indica que con recibos de sueldo y algún seguro de caución era suficiente. Las inmobiliarias piden que el propietario se reserve el derecho de exigir garantías reales al posible inquilino.
La iniciativa plantea que no se le cobre honorarios al inquilino, y pasarán a ser un gasto del dueño. Las inmobiliarias dicen que esto encarecerá los alquileres. El Gobierno aceptó debatir la posibilidad de no poner tope a la comisión que el inmobiliario le cobre al propietario.
En el sector inmobiliario advierten que el proyecto perjudicará a todas las partes, ya que, sostienen que de no aplicarse mejoras habrá un retiro masivo de propiedades en alquiler y locaciones, lo que, insisten, agudizará el déficit habitacional.
Desde el sector piden que si un inquilino se acerca a una inmobiliaria a buscar el alquiler, los corredores inmobiliarios puedan podrían cobrarle, “porque ellos son los que estarían requiriendo el servicio”, aseguran los actores del mundo de los bienes raíces.
Referentes del sector inmobiliario le pidieron al Gobierno nacional que se establezca una normativa para los desalojos exprés, pero por ahora la medida no tendría acogida en el proyecto final. También piden que no sea obligatorio registrar el contrato ante la AFIP.
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