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Tanto desde el sector inmobiliario como desde las asociaciones que nuclean a los inquilinos plantean reparos a la normativa que se debate a nivel nacional. Cuáles son los principales cuestionamientos al proyecto y que cambios se evalúan para alcanzar un consenso
el proyecto para modificar la ley de alquileres sigue levantando polvareda y tanto desde el sector inmobiliario como asociaciones de inquilinos lanzan advertencias y cuestionan aspectos de la norma
La modificación a la ley de alquileres, próxima a tratarse en la Cámara de Diputados Nacional, ya provoca controversias entre locadores, locatarios y martilleros, aunque todas las fuentes consultadas de la Región por EL DIA coincidieron en que nadie está satisfecho con los cambios que se hicieron en las últimas horas y que el mercado podría retraerse para perjuicio de unos y de otros.
Debido a los reclamos, el secretario de Vivienda, Iván Kerr, se reunió esta semana con autoridades del sector inmobiliario, diputados y otros funcionarios para trabajar en modificaciones a la ley de alquileres que impulsa el Gobierno, aunque todavía quedan muchos puntos grises. En ese marco, se trataron los siguientes aspectos: el plazo mínimo para los contratos, donde no habría modificaciones al proyecto original y pasaría de 2 a 3 años.
Un tema polémico es el ajuste de los contratos. La actualización de los valores sería en base al promedio del índice de salarios e IPC, pero las inmobiliarias piden que se realice en base en el índice UVA, algo que los inquilinos rechazan. Por otro lado, el Gobierno aceptó debatir una ampliación de las variables de avales y/o garantías a ser presentadas por el inquilino, pero el dueño se reservaría el derecho de pedir garantías reales.
Los honorarios - ya no se llamarán comisión - los pagará solo el propietario y ya no el inquilino; por eso, las inmobiliarias plantearon que no les pongan topes a los honorarios que les cobran a los dueños, lo que obtendría luz verde oficial. A su vez, las inmobiliarias pidieron que no sea obligatorio el registro en AFIP, pero cualquiera de ambas partes lo podrá hacer en pos de obtener beneficios y certificaciones fiscales; asimismo, la inmobiliaria podría cobrar comisiones si quien requiere el servicio de búsqueda de un inmueble es el inquilino; también pidieron reducir el monto mensual a partir del cual los contratos quedarán exceptuados de ajustarse.
Ni bien se conoció el proyecto y las posibles modificaciones se desató la controversia y los referentes platenses se quejaron por no haber tenido “ni voz, ni voto” en ese tratamiento.
Aníbal Fortuna, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata, fue categórico: “la ley no beneficia a nadie, se pensó en beneficiar a quien menos tiene, pero se puso todo en la misma bolsa; el Estado no se puede meter en una ley donde aparecen aranceles que se acuerdan entre privados”.
Por ejemplo consignó que el propietario que no quiera afrontar el pago de la comisión lo que hará es encarecer el precio del alquiler para no hacer frente a ese costo.
El profesional también puso objeciones al tema de las garantías porque teme que el Estado no pueda hacerlas cumplir, según los cambios que se estudian.
Al igual que lo que sostuvieron otros martilleros, Fortuna señaló que los propietarios están teniendo las rentas mas bajas en años porque si bien históricamente les significó el 0,7 por ciento del valor de la propiedad por mes; en la actualidad esa cifra se ubica en el 0,3 por ciento.
Para graficar el dato indicó que por una propiedad de 100 mil dólares se deberían cobrar unos 12 mil pesos de alquiler y esa cifra está muy por debajo. “Queremos que se analice y se llame a todos los actores para que puedan opinar; nosotros somos intermediarios del 70 por ciento de las propiedades, pero otras están en manos de escribanías o abogados, nos preguntamos cómo se los va a regular porque ese sector quedó libre y la ley debe ser pareja para todos”, sostuvo Fortuna y concluyó “cada vez que el Estado reguló el mercado encareció el producto o la gente se deshizo de las propiedades para no tener problemas”.
Santiago López Akimenco, responsable de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata señaló, “no estamos conformes, no nos dieron participación en cuestiones que tienen que ver con nuestra profesión y honorarios, lo que es una aparente solución para los inquilinos van a ser medidas contraproducentes para el mercado, que ya sufre una marcada retracción por la paralización de las ventas causadas por el aumento del dólar y por la falta de créditos para el acceso a la vivienda”.
Akimenco destacó que la ganancia de los propietarios es cada vez menor, entre otras cosas, por lo que cuesta mantener las propiedades.
El martillero consignó que el hecho de que solo el propietario pague las comisiones provocará que se retiren alquileres de la oferta, pero además opinó que se desalentarán las inversiones futuras.
“Van a achicar el mercado a niveles peligrosos, a la larga también será perjudicial para los inquilinos porque habrá menos ofertas; esperamos que se actúe porque aún estamos a tiempo de corregir esas cosas y evitar problemas que ya se ven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo López Akimenco.
“Nos preocupa que la actualización se hagan en base al UVA y no al índice de aumento salarial y la inflación”
Germán Schierff, Asociación Platenses Inquilinos
“La ley no beneficia a nadie, se pensó en beneficiar a quien menos tiene, pero se puso todo en la misma bolsa”
Aníbal Fortuna, Colegio de Martilleros La Plata
Con relación a los contratos por 3 años el profesional sostuvo que “mientras Argentina no tenga certezas y seguridad eso no da facilidad para que haya mas ofertas de propiedades, además la ley vigente permite hacerlo, pero son escasos los que firman esos contratos”.
Akimenco remarcó que “la ley es pareja, va a perjudicar a todos por igual” y propuso que se escuche al sector en lo que hace a las leyes que regulan la profesión como es el tema de los honorarios. “Eso se puede modificar, pero no pasar de un extremo al otro, en los hechos se aplicaba a una sola de las partes, ahora se busca que se haga cargo la otra cuando cada uno puede pagar lo que le corresponda”, indicó.
El profesional fue mas permeable a lo cambios en las garantías que se le piden al inquilino, siempre y cuando se le dé al propietario la seguridad de que su propiedad quedará a resguardo y que alguien responderá como se pauta en el contrato en caso de ser necesario. “Se puede trabajar en variantes, por ejemplo con un sistema de garantías que reemplace las garantías propietarias; es razonable que se analicen esos temas”, agregó.
Por su parte Germán Schierff, de la Asociación Platenses Inquilinos, también se mostró en desacuerdo con la reunión en las que participaron autoridades del gobierno y representantes de las cámaras inmobiliarias. “Pactaron ciertos cambios, pero el proyecto de Diputados ya tiene dictamen de comisión firmado; nos preocupa que las actualizaciones se hagan en base a la Unidad de Valor Adquisitivo - UVA - y no a la fórmula que contempla el índice de aumento salarial y la inflación”, señaló el dirigente.
Según dijo Schierff, en La Plata aumentaron los casos de inquilinos que rescinden sus contratos de alquileres porque no pueden pagarlo y cree que eso se agravaría si se aplica el UVA, “con esa unidad renovar un alquiler costaría un 35 por ciento más, pero si se tiene el cuenta el promedio entre la inflación y el aumento salarial, esa cifra sería del 25 por ciento, algo que ya se había aceptado sin discusiones”.
En relación a las garantías se pidió que se facilite el acceso igualitario a la vivienda y para que eso sea posible que no solo se trabaje con garantías propietarias. De acuerdo a datos propios, el 18 por ciento de los hogares platenses alquila, eso involucra a unas 100 mil personas.
el proyecto para modificar la ley de alquileres sigue levantando polvareda y tanto desde el sector inmobiliario como asociaciones de inquilinos lanzan advertencias y cuestionan aspectos de la norma
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