Judicialización de ex presidentes y otra prueba de fuego para Cambiemos

¿Los ex presidentes son iguales al resto de los ciudadanos ante la ley o por el hecho de haber sido los máximos responsables del país, deben recibir un trato diferenciado? En las respuestas que se le puedan dar a esta pregunta se origina la controversia en torno a casos como el de Carlos Menem –que acaba de ser absuelto por violación de la garantía del plazo razonable- y también la disputa interna en Cambiemos respecto de Cristina Kirchner, que blanqueó con su crudeza Elisa Carrió.

La jefa de la Coalición Cívica apuntó los cañones contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que no es bueno para el país que un ex presidente sea condenado y vaya detenido. Según aclaró ayer el propio funcionario, se refirió de esa manera al daño a la imagen institucional, pero no desalentó las investigaciones judiciales. Claro que Carrió no opina lo mismo y cree que, en el fondo, un sector del oficialismo “por conveniencia política no desea verdad, justicia y condena”.

No se trata de un enojo más de Carrió, sino de una discusión política abierta sobre al alcance de la lucha contra la corrupción. Como la propia diputada se encargó de recordar en la carta abierta que dirigió al presidente Mauricio Macri, ese compromiso estuvo entre los más importantes del pacto fundacional de Cambiemos. El jefe de Estado habló ayer por teléfono con “Lilita” para bajar la tensión, pero poco después la diputada publicó la misiva en su muro de la red social Facebook.

La réplica llegó en formato fotográfico, al cabo de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada. En esa imagen se lo vio a Garavano sentado al lado de Marcos Peña, el ministro coordinador, que a su vez estaba junto al Presidente. Macri respaldó así a su ministro de Justicia, aunque sólo desde lo gestual. Mientras que Peña se encargó, con Rogelio Frigerio, de enfriar los ánimos caldeados ante una delegación de legisladores de la CC, entre los que estuvieron Paula Olivetto y Toty Flores.

Pero hasta el momento, las conversaciones internas en Cambiemos no prosperaron. Por el contrario, el fallo favorable a Menem dado a conocer por la Cámara Federal de Casación Penal reafirmó en Carrió la idea de que existe una corriente político-judicial que limita el avance de las causas por corrupción. A tal punto, que anunció la presentación de un juicio político al tribunal que absolvió al riojano, como sólo 24 horas antes había hecho con el ministro Garavano.

“La política y la justicia impidieron una condena en plazos cortos. Hoy la misma política y la misma justicia impidieron el cumplimiento de la condena. Usan argumentos garantistas incompatibles con lo normado por el artículo 36 de la Constitución Nacional”, advirtió Carrió. Con la misma lógica que aplica al caso de Menem, la jefa de la Coalición Cívica acusa a un sector del Gobierno de procurar el mismo destino para Cristina Kirchner. Esa sospecha la personalizó en Garavano.

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Pero en rigor, la diputada entiende que detrás del ministro de Justicia hay sectores de la UCR y el influyente Daniel Angelici, el presidente de Boca Juniors que tiene llegada a jueces y fiscales, jugando en tándem con el núcleo duro del PRO para que Cristina Kirchner no quede afuera de la contienda electoral del año próximo. Y para que algunos empresarios vinculados a la causa de los cuadernos no queden manchados de modo tal que se caigan los contratos denominados PPP.

En el medio de esta situación hay una danza de operadores judiciales como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, a quien se lo vio junto al presidente de la Sala II de la Cámara Federal, Martín Irurzun, impulsor de la doctrina que estableció criterios amplios para justificar la prisión preventiva y encargado de la oficina de escuchas. Carrió sospecha de una jugada para desplazar a Irurzun y evitar que revise la actuación del juez Claudio Bonadío específicamente sobre los empresarios.

Otro factor de polémica es que uno de los jueves que firmó ayer la absolución de Menem es Carlos Mahiques, quien fuera ministro de Justicia de la gobernadora María Eugenia Vidal, que llegó a ese cargo a través de un decreto presidencial. Desde el punto de vista de Carrió, se trata de una línea “garantista” que favorece a los ex presidentes, pese a que la propia Justicia no cumple con los plazos de juzgamiento requeridos. La controversia sigue y pone a prueba la alianza entre Macri y Carrió.