Amplían cargos de la prisión preventiva al ex juez Melazo

La jueza de Garantías de La Plata Florencia Butiérrez amplió ayer la prisión preventiva al ex juez platense César Melazo por las armas que le secuestraron en su casa de Gorina el día que fue detenido, en el marco de la “megabanda”, presuntamente integrada por civiles, policías e integrantes del Poder Judicial, que supuestamente daban “protección” a los miembros de la organización investigada.

Pudo saberse que la jueza, a pedido de la fiscal que investiga el caso, Betina Lacki, dio por semiplenamente acreditado que el 24 de agosto de este año, en ocasión de realizarse un allanamiento en la casa de Gorina del ex juez, la policía secuestró una carabina calibre 22 largo con caja de madera, mira, cargador y silenciador; un rifle de repetición calibre 40-44, Winchester, modelo 1892; tres revólveres marca King, Taurus y Dóberman; una pistola Glock 26 y otras dos marca Bersa; sobre las cuales “no tenía autorización legal para su tenencia”.

También se indicó, con respecto al Winchester, que el mismo “fue recepcionado con anterioridad por Melazo y tenía un pedido de secuestro activo desde el 2007, en una causa por hurto”.

La jueza Butiérrez encuadró esta ampliación de preventiva como “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional y de uso civil, en concurso real con el delito de encubrimiento”.

Melazo suma esta acusación a la que ya tiene en su contra, con dictado de preventiva, bajo sospecha de ser integrante de una “asociación ilícita”.

Sobre esa acusación, el ex magistrado concurrió el 24 de mes pasado a la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata para mejorar oralmente el recurso de apelación contra la mencionada medida de coerción dictada en su contra.

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La audiencia se realizó ante la Sala II de la Cámara -integrada por los jueces Sergio Almeida, Laura Lasaga y Ricardo Szelagowski-, quienes luego de escuchar la exposición del abogado defensor Fabián Améndola, le hicieron varias preguntas a Melazo, con respecto a la causa y su presunta relación con varios de los demás imputados, explicaron voceros judiciales.

También señalaron que Améndola “cuestionó cada uno de los elementos de cargo tomados en cuenta por la fiscalía y el juzgado de Garantías para acreditar la materialidad ilícita (los hechos) y la autoría”.

El 30 de septiembre pasado la jueza Butiérrez dictó la preventiva a 10 de los 11 primeros detenidos de la presunta organización delictiva.

Luego resolvió sobre la situación de los últimos tres detenidos y uno de la primera tanda.

Con Melazo, el pasado 24 de agosto, también cayeron Rubén el “Tucumano” Herrera (ex barra de Estudiantes a quien se le asigna el manejo de empresas de la noche) y Enrique Petrullo, a quien se le adjudica en la causa un rol de operador judicial.

La magistrada dispuso que los tres continúen detenidos por la presunta asociación ilícita a la que se le adjudican responsabilidades con robos en la modalidad de escruche (en casas y autos) y operaciones de tráfico de estupefacientes que habrían contado con protección policial y cobertura en los Tribunales, con supuestos beneficios excarcelatorios.

A algunos de sus integrantes también se los investiga por el crimen del ex convicto Juan Farías, otro presunto miembro de la “banda mixta”, ejecutado en el hall del edificio de 44 entre 26 y 27.

Se sospecha que fue en el marco de un ajuste de cuentas por el robo a Rodolfo Zapata, el ex integrante del cuerpo técnico de Néstor Craviotto, que la banda habría decidido no realizar tras recibir información de que allí se podría obtener una suma millonaria.

Butiérrez dispuso la preventiva de Herrera y Melazo por “asociación ilícita”. Y la de Enrique Petrullo, a quien se le asignan conocimientos sobre el funcionamiento de los tribunales, que conducirían a otro de los magistrados sospechados en la causa, el presidente de la Sala 5 de la Cámara de Casación Penal, Martín Ordoqui.

En el mismo fallo se dispuso la liberación de Jorge Gómez de Saravia.