Caso Nora Dalmasso: tres fiscales van a jury

Los tres fiscales que durante años estuvieron al frente de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso deberán atravesar un proceso de enjuiciamiento por presunto mal desempeño. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro quedaron formalmente acusados después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba admitiera por unanimidad las denuncias presentadas en su contra.

La resolución se tomó en una reunión plenaria en la Legislatura provincial y marca un punto de inflexión en una causa atravesada por irregularidades y sin responsables a casi dos décadas del hecho. El Jury entendió que las conductas atribuidas a los tres funcionarios podrían encuadrarse dentro de las causales previstas por la normativa cordobesa para desplazar a magistrados y fiscales.

Con esa decisión, se abre un proceso que buscará determinar si los investigados incurrieron en negligencias, arbitrariedades o incumplimientos que contribuyeron a que uno de los casos policiales más resonantes del país quedara impune.

Di Santo, Miralles y Pizarro intervinieron en distintos momentos de la causa por el homicidio de Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la vivienda de Villa Golf, en Río Cuarto, donde la mujer vivía con su esposo, Marcelo Macarrón. Desde el inicio, la pesquisa acumuló cuestionamientos, giros bruscos y líneas de investigación que nunca se consolidaron.

La etapa inicial, bajo la órbita de Di Santo (2006–2015), estuvo signada por dos imputaciones que con el tiempo quedaron completamente desacreditadas. Primero, el pintor Gastón “Perejil” Zárate fue señalado como sospechoso sin evidencia sólida; más tarde, el foco se desplazó hacia Facundo Macarrón, el hijo de la víctima, también sin pruebas suficientes. A Di Santo se le reprocha además no haber protegido la escena del crimen: el día del hallazgo, la casa se llenó de familiares y personal policial, un ingreso masivo que contaminó pruebas fundamentales.

Cuando Di Santo fue apartado, la causa pasó a Miralles (2015–2016), quien impulsó una teoría que generó asombro incluso dentro del Poder Judicial: postuló que el viudo había viajado en avioneta desde Uruguay a Río Cuarto para cometer el crimen y regresar luego a tiempo para jugar un torneo de golf. La hipótesis nunca pudo respaldarse y terminó descartada.

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Pizarro tomó el expediente en 2017 y lo condujo hasta 2022. Su enfoque fue distinto: planteó que Macarrón habría contratado sicarios para asesinar a su esposa. Sin embargo, esa línea tampoco prosperó. No se identificó a los supuestos autores materiales ni aparecieron pruebas que avalaran el esquema que proponía la acusación.

En total, la investigación transitó cinco hipótesis diferentes, pero ninguna permitió reconstruir lo ocurrido ni llegar a una condena. La última línea planteada por Pizarro llegó a debate oral, pero el tribunal absolvió a Macarrón por falta de pruebas, lo que dejó el hecho sin responsables y, finalmente, derivó en la prescripción del caso.

Remarcaron que el Jury garantizará un proceso transparente, con una evaluación imparcial de la evidencia.