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Ayer ingresó al Consejo de la Magistratura un pedido de enjuiciamiento contra Enrique Velázquez, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7, por “mal desempeño, inhabilidad ético moral y prevaricato”.
Velázquez fue el magistrado que procesó y embargó al policía Luis Chocobar, por el asesinato de un delincuente en el barrio de La Boca.
Lo presentó el abogado Alejando Suárez Lynch que, en distintos artículos periodísticos donde aparece mencionado por otras denuncias y pedidos de juicio contra jueces, se lo presenta como “cercano al expresidente del Banco Central, Martín Redrado”.
En su escrito ante el Consejo, de casi 30 páginas -difundido ayer por El Cronista- Suárez Lynch muestra su preocupación por la “baja credibilidad” que “lastimosamente también ha llegado a afectar la estima que la sociedad argentina tiene respecto del servicio de Justicia y más específicamente respecto del Poder Judicial, en todos sus ámbitos...”, algo que el órgano que regula la actuación de los jueces debe colaborar en “reparar” con sus decisiones.
Suárez Lynch considera “incomprensible” la “decisión del juez denunciado habida cuenta que el agente Chocobar realizó debidamente con disparos al aire el protocolo policial de detención, en cuanto ha cumplido con su deber, haber logrado hacer cesar en la acción criminal al delincuente y proceder a la detención del mismo en fuga todo ello dentro de un ámbito de inmediatez y peligrosidad reales y sin haber puesto la vida a terceros, por lo que nada puede reclamársele al agente policial, desde el derecho y mucho menos desde la sociedad por ellos su reconocimiento”.
El abogado incluye entre los fundamentos de su pedido antecedentes que exhiben a Velázquez relacionado con denuncias de “violencia contra la mujer”, que “surgen de testimoniales eficientes obrantes en el Consejo de la Magistratura” y con su actuación en el caso del asesinato de Brian Aguinaco, el adolescente que murió durante un tiroteo entre la policía y dos motochorros en Flores.
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En aquella oportunidad, Velázquez liberó a los 13 días de ser detenido al también adolescente presunto asesino de Aguinaco, de doble nacionalidad peruana argentina.
Cuando el juez liberó al menor, les quitó la patria potestad a sus padres y les entregó la custodia del imputado a sus abuelos, quienes lo llevaron a vivir a Perú. El joven no tiene prohibición para regresar a la Argentina y estuvo en Buenos Aires para el velorio de un hermano.
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