El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió hoy un duro revés judicial luego de que la corte suprema ordenara la detención de tres de sus mejores amigos y aliados, en una causa en la que se investiga el pago de sobornos a cambio de un decreto sobre el funcionamiento del puerto de Santos, el más grande de América Latina.
El operativo informado hoy por la Policía Federal abrió un nuevo frente crítico en la investigación de sobornos sobre el pago de coimas dentro del círculo íntimo de Temer.
Fueron detenidos tres íntimos del mandatario brasileño: el empresario y ex asesor presidencial José Yunes, el ex coronel policial y hacendado Carlos Lima y el ex ministro de Agricultura Wagner Rossi, uno de los influyentes dirigentes del gobernante Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
En el caso de Rossi, está involucrada la delación del empresario Joesley Batista, quien acusa a Temer de obligarlo a pagarle sobornos como parte de su trabajo en el Ministerio de Agricultura.
Rossi, padre del jefe del bloque de diputados del MDB, Baleia Rossi, fue entre 2010 y 2011 ministro de Agricutlura de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, como parte de la coalición de gobierno.
Según Batista, del frigorífico JBS, Temer le pidió pagarle coimas de entre 30.000 y 60.000 dólares mensuales para defender los intereses del gigante cárnico dentro del Poder Ejecutivo.
La operación fue ordenada por el juez del Supremo Tribunal Federal Luis Barroso, quien ya quebró el secreto bancario de Temer para investigar si en mayo de 2017 cambió un decreto para favorecer empresas que operan en el puerto de Santos.
También fue detenido el empresario inmobiliario José Yunes, mejor amigo del presidente Temer y ex asesor de la presidencia de Brasil.
Yunes renunció en diciembre de 2016 al cargo de asesor especial del mandatario en el Palacio del Planalto luego de haber sido acusado en otra causa, de intermediar sobornos de la empresa constructora Odebrecht al Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB).
Además de Yunes, fue detenido el empresario Antonio Celso Grecco, dueño de la empresa Rodrimar, acusada de pagar sobornos para que el gobierno de Temer cambiara un decreto y permitiera su funcionamiento en el puerto de Santos.
El juez Barroso también ordenó la captura del ex coronel Lima, dueño de una hacienda en el interior del estado de San Pablo donde Temer pasa a veces sus vacaciones.
La operación puso en alerta al gobierno, ya que el pedido fue realizado por la fiscal general, Raquel Dodge, designada en setiembre en ese cargo por el propio Temer.
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