El juez federal Claudio Bonadio emitió un oficio para obtener información sobre los libros societarios y contables de la obra social del Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, diligencia que fue completada, según confirmó esta tarde el abogado del gremio, Daniel Llermanos.
La decisión del magistrado fue en respuesta a un pedido del juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites, quien investiga una causa sobre presunto lavado de dinero y defraudación por la compra de terrenos para el gremio en la localidad cordobesa de La Falda.
Sánchez Freites remitió un exhorto a Bonadio para que disponga la realización del operativo en la obra social de Camioneros en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.
"Todo el material que pidió Bonadio ya está en su escritorio", dijo Llermanos y señaló que el requerimiento judicial responde a una denuncia de la diputada Graciela Ocaña sobre el manejo deficitario de la obra social del sindicato.
Llermanos sostuvo que el pasivo de la obra social es "responsabilidad del Estado, que tiene retenido fondos y de OCA, que le debe al Sindicato 800 millones de pesos. Entre el Estado y OCA le deben 2.300 millones de pesos", aseguró.
Según consta en la causa, Camioneros pagó seis millones de pesos por los terrenos en Córdoba, que tendrían un valor menor y por ello el propósito es realizar un peritaje contable de los libros secuestrados para determinar si se cometieron los delitos que se investigan.
Ocaña sostuvo recientemente que va a demostrar que "los fondos de la mutual, el gremio y la obra social van a empresas de Hugo Moyano. Creo que no existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social".
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