Allanamiento en el edificio donde vive la ex presidenta

Agentes de la Policía Federal realizaron anoche -que seguía primera hora de hoy- un operativo en el edificio de Recoleta donde posee -y vive cuando no está en Santa Cruz- un apartamento la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que un juez pretende allanar en el marco de la investigación de una presunta red de sobornos en torno a la obra pública.

El procedimiento policial se realizaba al cierre de esta edición en el edificio de departamentos del barrio capitalino de Recoleta, donde la ex mandataria reside cuando está en Buenos Aires.

La medida se da antes que el Senado apruebe -mañana- el pedido del juez Claudio Bonadio, quien investiga el presunto pago de sobornos relacionados con obras públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández, de allanar el departamento de Juncal y Uruguay, que el chofer Oscar Centeno marcó como uno de los lugares donde se llevaban bolsos de dólares de los pagos ilegales de los empresarios.

Bonadio ha solicitado al Senado autorización para allanar el apartamento de Cristina, además de otras dos propiedades de la ex jefa de Estado en el sur del país (Río Gallegos y el Calafate) y de su despacho en la Cámara alta, solicitud esta última que no prosperaría en medio de una interna peronista.

El dato que habría llegado al despacho del fiscal Carlos Stornelli es que en algunos departamentos del edificio donde vive Cristina podría encontrarse pruebas -como dinero escondido- para la causa.

Los allanamientos fueron en el departamento 1º y en el 4 º -la ex presidente reside en el 5º-, que serìan propiedades del empresario cercano a los Kirchner Cristóbal López, hoy en prisión por evasión.

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“UN CIRCO”

Al enterarse por los medios del procedimiento policial, uno de los abogados de la ex presidenta, Gregorio Dalbón, se hizo de inmediato presente a las puertas del edificio.

“Esto, si llega a ser lo que todos están diciendo, es ilegal”, aseveró a los medios el letrado, quien se quejó del “circo” montado por la Justicia aunque apuntó al Gobierno de Macri, para “tapar” la disparada del dólar.

Al momento del procedimiento policial, Cristina Fernández no se encontraba en su apartamento del quinto piso sino en la sede del kirchnerista Instituto Patria, en el barrio capitalino de Congreso.

Tras ingresar al edificio, Dalbón dijo que los policías ingresaron a apartamentos del primero y el cuarto piso, que no son propiedad de los Kirchner.

“Esto, si llega a ser lo que todos están diciendo, es ilegal”, dijo el abogado

“Aunque no se haya allanado ilegalmente la morada de la senadora, ya esto que hicieron es un amedrentamiento absoluto contra la senadora”, afirmó el abogado

Según versiones con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- al menos cinco empresarios que reconocieron ante el juez haber pagado sobornos aseguraron que la ex presidenta estaba al tanto de la recaudación ilegal.

La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los ex funcionarios detenidos, Roberto Baratta, en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado millones de dólares en sobornos. Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Cristina y su fallecido esposo, quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.

Según las anotaciones del chofer difundidas por La Nación, Cristina aparece mencionada en al menos tres ocasiones. En una de ellas Centeno relata una reunión de la entonces mandataria con dos funcionarios en la cual “los instruyó para que sigan recaudando de las empresas”.

Esas referencias complican a la ex mandataria de forma más directa que en otras causas, señalan analistas.

Angelo Calcaterra -primo de Macri- es uno de los más de una docena de empresarios investigados por Bonadío. Según la prensa, para no quedar detenido y obtener otras ventajas, admitió ante el juez el pago de montos millonarios destinados a financiar las campañas electorales del kirchnerismo.

Bonadio ya había pedido en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.