Ante un escenario complejo y plagado de riesgos

Sin margen para repartir y muchas promesas en juego, el próximo gobierno que podría liderar Alberto Fernández, enfrenta un escenario económico complejo y plagado de riesgos. La ausencia de definiciones claves era previsible hasta la fecha de la elección presidencial, el 27 de octubre próximo, pero de resultar electo, tendrá poco tiempo para definir un programa económico y cumplir con alguna de sus promesas electorales. El pronóstico más lineal supone que en diciembre, una administración “albertista” anunciaría un aumento de jubilaciones y salarios en simultáneo al acuerdo con la CGT y la UIA para congelar los precios y tarifas por un lapso no inferior a los seis meses. Sin embargo, estas medidas son apenas un maquillaje del plan real que tiene que ver con el presupuesto, la política impositiva y de gasto, la monetaria y cambiaria, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y de la deuda pública en dólares y pesos.

La última semana se difundió un programa de gobierno presentado por el Partido Justicialista que, si bien tiene un carácter electoral, avanza sobre algunas ideas que recibieron fuertes críticas de varios sectores y, puertas adentro de varios referentes o eventuales economistas de consulta de quién sería el próximo presidente. Alberto Fernández tampoco dio señales claras sobre sus opiniones. De todos modos, el clima de los negocios cambió, siendo más amigable que semanas atrás, bajo una cierta creencia de que el rumbo económico del próximo gobierno será moderado y que habría una negociación lógica con el FMI y los acreedores. Aunque esta interpretación es más asimilable a los mercados que a otros sectores como el campo, los contribuyentes o la energía.

La desdolarización de las tarifas y un congelamiento por al menos 100 días puede aparecer atractivo desde lo social, pero abre grandes dudas sobre las perspectivas de inversiones en el sector y el desarrollo de Vaca Muerta, un yacimiento presentado por el mismo Alberto Fernández como uno de los ejes de crecimiento. La única opción para Vaca Muerta son las inversiones de grandes jugadores internacionales que, sin vueltas, exigen contratos de disponibilidad de recursos, divisas y dividendos, al igual que el contrato firmado por Chevron con YPF en la gestión de CFK. No podría haber allí contratos en pesos, obligación de liquidar divisas o limitar el giro de utilidades al exterior. La ventana de producción de este yacimiento, además, es de muy corto plazo respecto del pasado. La tecnología no tradicional de extracción requiere inversiones continuas que, de no ocurrir, hacen caer la producción de gas y petróleo fuertemente, de un año a otro. Otro aspecto son los contratos vigentes y las señales que el próximo gobierno daría si son incumplidos o pesificados y como impactaría en todo el sector de la energía.

Con relación al campo, ya está descontado que las retenciones a las exportaciones de granos tendrán una suba con una gestión de Alberto Fernández. Otro aspecto muy diferente es que ocurrirá con la producción y los dólares que podría generar. Los precios no son los de una década atrás y la rentabilidad no puede sostener retenciones de 30 puntos. Además, el efecto recaudatorio no sería tan significativo como para compensar el rojo fiscal y alcanzar un equilibrio fiscal. La opción de ajustar el desequilibrio fiscal con un shock impositivo, basado en las retenciones al campo y una fuerte suba del impuesto a los bienes personales, no alcanzan además de cargar con otro adicional que comprometería cualquier pronóstico de inversiones. Las estimaciones son de que aún con este paquete impositivo, la brecha fiscal en rojo estaría en alrededor de 1,5 puntos del PBI.

El resultado fiscal no es un tema secundario, sino clave en el armado de un programa económico para el 2020. La negociación de la deuda con el FMI y la deuda pública está sujeta al esfuerzo fiscal que pueda demostrar la Argentina en los próximos años, y la controversia sobre si será el organismo internacional o los bonistas los que asuman alguna quita de esa deuda, o se intente un modelo “a la uruguaya”, dependerá de ese programa, no de una promesa de “dejarnos crecer”. El riesgo de default y aislamiento financiero total es inmediato con efectos económicos imprevistos, pero que dejarían a la Argentina en una crisis similar a las del 2001, con muy fuerte caída del ingreso.

El capítulo fiscal, de todas maneras, no tiene un solo jugador. La Nación hizo un fuerte ajuste el último año y ahora los recortes debieran ampliarse a las provincias que, en los últimos años han tenido un importante aumento de recursos. Aunque el escenario tampoco es igual en todos los casos: la provincia de Buenos Aires sigue recibiendo recursos por debajo de su participación, pero ninguna otra administración provincial estaría dispuesta a resignar fondos. La disputa de la coparticipación tiene un largo historial irresuelto desde hace década. Alberto Fernández no podrá resolverlo en unos pocos meses, pero seguramente si tendría que llegar a algún acuerdo con los gobernadores para presentar un programa fiscal que resulte compatible con las negociaciones que inicie por la deuda, los programas de inversión, el freno a la inflación y la creación de empleo.

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