Incautaron más de diez mil cigarrillos electrónicos prohibidos por la Anmat

Luego de conocerse el primer caso de un hombre internado en grave estado por el uso del cigarrillo electrónico, se incautaron más de diez mil dispositivos prohibidos por la Anmat, informó ayer la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía porteña desbarató este miércoles por la mañana dos depósitos clandestinos en los que almacenaban más de diez mil cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás productos para su uso.

El resultado es consecuencia de una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Blas Matías Michienzi, en el marco de la comercialización de dispositivos y sustancias prohibidas por la Anmat, correspondiente al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

El fiscal Michienzi aseguró que “se incautaron elementos técnicos de almacenamiento de datos y documentación que permitirá avanzar sobre la estructura total de la organización ilegal que desarrolla estas prácticas ilegales que ponen en riesgo a la salud pública”.

Los inmuebles allanados fueron clausurados por la Dirección General de Fiscalización y Control de la Ciudad, por no cumplir con las mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, agregaron.

El operativo tuvo una primera etapa de investigación en la que se inspeccionaron unos diez locales donde se comercializaban estos dispositivos y sus recargas. Como producto de estos procedimientos se secuestró mercadería y se imputó al personal.

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En una segunda fase más compleja del operativo se individualizaron domicilios desde los que se proveía la mercadería, en los barrios porteños de Recoleta y Puerto Madero.

La Fiscalía imputó a unas veinte personas por infringir el artículo 79 del Codigo Contravencional, que se refiere a ejercer ilegítimamente una actividad.

Actualmente, el Fiscal investiga el circuito de importación de estos dispositivos cuyo uso, de acuerdo a información reciente, sólo en los Estados Unidos causó más de 33 muertes y unos 1.500 casos de enfermedades graves.

Los allanamientos fueron autorizados por Norberto Tavonanska, a cargo del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El operativo fue realizado en conjunto con la División Delitos Contra La Salud de la Policía de la Ciudad, a cargo del comisario Guillermo Taddeo.