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El fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, defendió su decisión de encriptar los servicios de mensajería de la empresa después de que los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia le reclamaran un “backdoor” (una puerta trasera) para acceder a las comunicaciones privadas.
En una carta abierta con fecha de ayer, esos gobiernos reclamaron al empresario que les permita un acceso legal a las comunicaciones privadas (encriptadas) de los usuarios, con el argumento de combatir el terrorismo, el crimen organizado y la pornografía infantil.
“Las empresas no deben diseñar deliberadamente sus sistemas para impedir cualquier forma de acceso al contenido, incluso para prevenir o investigar los delitos más graves”, dice la carta, difundida por The Guardian, y agrega que la encriptación amenaza “las vidas y la seguridad de nuestros niños”.
Durante la transmisión en vivo de una reunión interna de Facebook, Zuckerberg afirmó que estaba al tanto de los riesgos de explotación infantil antes de anunciar en marzo su plan para encriptar las comunicaciones en los servicios de mensajería de la empresa.
“Cuando decidíamos si ir al cifrado de extremo a extremo en las diferentes aplicaciones, esta fue una de las cosas que más me pesó”, dijo y reconoció que perder el acceso al contenido de los mensajes sería como “estar luchando esa batalla con al menos una mano atada a la espalda”. Pero se mostró “optimista” de que Facebook podría identificar a los pederastas incluso dentro de sistemas encriptados, usando herramientas como el reconocimiento de patrones de actividad y enlaces cruzados entre cuentas de diferentes plataformas.
Zuckerberg anunció en marzo que, a diferencia de la red social y de Instagram (cuyo carácter es netamente público), las apps de mensajería de Facebook estarían encriptadas de extremo a extremo, en un intento de recobrar la confianza tras el escándalo con Cambridge ANalyitica en 2018 por la falta de cuidado de la privacidad.
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El anuncio resucitó una discusión que ya es un clásico de Internet y que muestra el delicado equilibrio entre los reclamos de mayor seguridad, esgrimidos por agencias de inteligencia y gobiernos conservadores, y el derecho a la privacidad, una bandera de usuarios y activistas.
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