Documentos revelan el horror de los centros de detención para minorías en China

Las torres de control, las puertas con candado doble y la vigilancia con videos están allí para “evitar fugas”. Los uigures y otras minorías retenidas en el lugar son catalogadas a partir de qué tan bien hablan el mandarín y siguen las estrictas reglas que hay para todo, incluso cómo se bañan y usan el inodoro. La puntuación que reciben decide si pueden irse.

La “enseñanza de modales” es obligatoria, pero los cursos para “mejorar las aptitudes vocacionales” pueden ponerse en práctica luego de haber estado un año recluidos.

El gobierno chino ha detenido a cerca de un millón de personas, mayormente de minorías étnicas musulmanas, para lo que llama “capacitación laboral voluntaria”. Pero un plan de acción clasificado filtrado a un grupo de 17 organizaciones periodísticas, entre ellas la agencia Associated Press (AP), The New York Times y El País de España, revela que esos campamentos son exactamente lo que describen personas que estuvieron recluidas allí: centros secretos de reeducación ideológica y de conducta.

Los documentos, altamente confidenciales, contienen una estrategia deliberada del gobierno chino para encerrar a las minorías étnicas para cambiar su forma de pensar e incluso la lengua que hablan.

Muestran cómo Beijing está a la vanguardia de una nueva forma de control social basado en el uso de información y de la inteligencia artificial. Por ejemplo, a partir de la información recabada usando tecnologías para la vigilancia, las computadoras produjeron los nombres de decenas de miles de personas a ser interrogadas o detenidas en solo una semana.

En conjunto, los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ofrecen la descripción más relevante obtenida hasta ahora de cómo funcionan los centros de detención masiva, de boca del propio gobierno chino. Expertos dicen que detalla un vasto sistema que detecta objetivos, vigila y clasifica grupos étnicos, para asimilarlos por la fuerza, sobre todo los uigures, una minoría turca de unos 10 millones de personas con un lenguaje y una cultura propios.

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“Confirman que esta es una forma de genocidio cultural”, dijo Adrian Zenz, experto en temas de seguridad de la región de Xinjiang, en el extremo oeste de China, donde viven muchos uigures. “Quieren cambiar, asimilar, someter grupos étnicos enteros. Revelan que, desde un primer momento, el gobierno chino tenía un plan”.

“LAVAR CEREBROS”

Zenz agregó que los documentos reflejan el objetivo de los campamentos expresado en un informe de 2017 de la rama local del Ministerio de Justicia de Xinjiang: “Lavar los cerebros, purificar los corazones, apoyar lo que está bien, eliminar lo que está mal’’.

Desde hace décadas que China viene tratando de controlar Xinjiang, donde los uigures se oponen al gobierno de mano dura de Beijing. Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades chinas empezaron a justificar las severas medidas de seguridad y las restricciones religiosas diciendo que eran necesarias para contener el terrorismo, aduciendo que muchos uigures eran susceptibles a la influencia de extremistas islámicos de otros países. Cientos de personas han muerto desde entonces en ataques terroristas, represalias y disturbios raciales, tanto uigures como chinos de la etnia mayoritaria.

En 2014, el presidente chino Xi Jinping lanzó lo que describió como la “Guerra del Pueblo contra el Terror’’ en respuesta a atentados uigures con bombas en una estación de trenes de Urumqui, capital de Xinjiang, pocas horas después de que él concluyese su primera visita oficial a esa zona.

“Hay que construir muros de acero y fortalezas de hierro. Colocar redes arriba y trampas abajo”, habría dicho Xi, según la prensa oficial. “Reprimir con fuerza las actividades terroristas debe ser el objetivo de nuestra lucha actual’’.

En 2016 se intensificó la represión, luego de que Xi nombrase a Chen Quanguo, un funcionario de línea dura transferido desde el Tíbet, como nuevo administrador de Xinjiang. La mayoría de los documentos fueron emitidos en 2017, cuando la guerra de Xi contra el terrorismo daba paso a una megacampaña de detenciones masivas “preventivas”.

Si bien el gobierno chino dice que “todo es un invento”, el consorcio de periodistas verificó la autenticidad de los documentos, entregados por una fuente anónima, cotejándolos con informes de la prensa estatal y notificaciones públicas de la época, consultando a expertos, comparando la firma de Zhu Hailun (un funcionario chino cuya firma aparece en los documentos) con otras muestras y confirmando el contenido con ex empleados y reclusos de los centros de detención. (AP)