Qué es el upskirting, la forma de acoso detrás de un escándalo en Córdoba

Un alto funcionario judicial de la provincia de Córdoba fue detenido el último jueves tras ser acusado de sacar fotos y filmar a mujeres por debajo de sus polleras sin su consentimiento, una práctica, conocida con el nombre de upskirting, que es considerada una forma de acoso sexual y si bien en Córdoba -donde ocurrió el hecho- representa sólo una contravención, está en discusión actualmente en muchos países si debe ser considerada un delito, mientras hay naciones, como Inglaterra, que ya la sanciona con hasta dos años de cárcel.

El funcionario fue denunciado por un taxtista al que le llamó la atención su accionar en la calle cuando, valiéndose de una mochila a la que ponía a baja altura y haciéndose el distraído, tomaba imágenes de mujeres que pasaban por la calle por debajo de sus polleras.

El upskirting es considerado una forma de acoso sexual en el que hombres toman fotos y videos con sus teléfonos debajo de las polleras de mujeres en la calle o en medios de transporte, simplemente para lograr imágenes de su ropa interior sin su conocimiento ni su consentimiento.

La práctica se extendió en los últimos años en países europeos y en Inglaterra una campaña impulsada por una víctima derivó en una ley que desde enero de este año lo sanciona con hasta dos años de cárcel. En tanto, ciudades como Nueva York cuentan con normativas más rigurosas en las que las penas alcanzan a los cuatro años de cárcel.

Mientras tanto, varios países estudian en la actualidad considerarla como delito y no como simple contravención.

el hecho

El hecho tuvo una fuerte resonancia en Córdoba, dado que el alto funcionario judicial estaba en su horario de trabajo cuando se lo sorprendió tomando imágenes de mujeres por debajo de sus polleras, por lo cual se le abrió también un sumario interno.

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El sospechoso fue identificado como Hernán Cipolla Sánchez, secretario N° 6 del Juzgado Penal Juvenil de 6ª Nominación de Córdoba, a cargo de la jueza Liliana Beatriz Merlo de Rossi.

Cipolla Sánchez estuvo arrestado más de dos horas ya que fue observado tomando fotografías con su celular a mujeres que pasaban cerca suyo.

El hecho, que fue difundido ayer, está encuadrado apenas como una contravención, ya que no configura un delito.

La normativa local establece que Cipolla Sánchez violó el artículo 51 del Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba que refiere a las “molestias a personas en sitios públicos”.

Ese artículo dice que “serán sancionados con hasta tres (3) días de trabajo comunitario, multa de hasta seis unidades de multa (6 UM) o arresto de hasta tres (3) días los que molestaren a otra persona afectando su decoro personal mediante gestos, palabras o graficaciones en la vía pública, lugares de acceso público o desde un lugar privado con trascendencia a terceros”.

Además, la inconducta registra un agravante cuando se trate de personas o situaciones en las que exista una asimetría de poder: “El máximo de la sanción prevista se duplicará si la víctima fuere mujer, menor de dieciocho (18) años de edad, mayor de setenta (70) años de edad o si el hecho se produjere en horario nocturno, cualquiera fuere su edad”.

El secretario judicial cometió el abuso cuando estaba dentro de su horario de trabajo, lo cual representa un agravante para el ámbito de tribunales, indicaron desde ese entorno.

Uno de los testigos de la causa es un taxista, quien detectó la situación al observar el comportamiento llamativo del secretario judicial: Cipolla Sánchez colocaba el celular en una mochila y luego, acercándose a las jóvenes con ese bolso a baja altura, captaba las imágenes con una actitud “distraída”.

Cuando vio que la conducta se repitió por segunda vez, el conductor, que lo observó todo, bajó del coche e hizo la denuncia ante la policía provincial. Su testimonio está incorporado en el expediente.

Sin embargo, por tratarse de una denuncia de índole privada, la legislación exige que sea la víctima quien haga una acusación por el hecho. Una de las afectadas sería una menor y su padre evalúa en las próximas horas para formular la denuncia.

Durante la detención, la Policía secuestró el teléfono del secretario penal. El aparato es clave para analizar el contenido y verificar si están allí las imágenes que originaron el escándalo en los tribunales de Córdoba.

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