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El magistrado de segunda instancia Antonio Iván Athié señaló que no hay motivos legales para mantenerlo detenido hasta el juicio
Michel Temer, al dejar la sede de la policía federal en Río de Janeiro / AP
RÍO DE JANEIRO
Un juez de segunda instancia de Brasil liberó ayer al ex presidente Michel Temer (78), detenido el jueves pasado por presuntos desvíos millonarios de fondos, al considerar que no hay motivos legales para mantenerlo preso hasta el proceso.
Temer, apuntado por la Fiscalía como presunto cabecilla de “una organización criminal”, abandonó la sede de la Policía Federal en Río de Janeiro en un auto policial con vidrios polarizados.
El magistrado Antonio Iván Athié aceptó un hábeas corpus presentado por la defensa de Temer y justificó en su escrito que pese a los “indicios” existentes contra el ex mandatario, referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, la prisión preventiva (hasta que un tribunal juzgue el caso) no tiene asidero legal.
“Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de (indicios) antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, (o) que estarían ocultando pruebas u obstaculizando” un eventual proceso criminal, afirmó Athié.
“No estoy contra la llamada (operación) Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (...) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga”, añadió el magistrado.
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La orden de liberación vale también para el ex ministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal TRF2 de Río de Janeiro.
La Fiscalía afirmó que presentará un recurso para mantener las prisiones. La decisión será analizada en profundidad -en una fecha aún por definir- por otros dos jueces del TRF2, que pueden concordar o no con la liberación determinada por Athié.
Temer fue arrestado en San Pablo y trasladado a Río por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megacausa Lava Jato contra la corrupción. Bretas ordenó el bloqueo de bienes y activos bancarios de Temer por 16 millones de dólares.
El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del estado de Río. El Ministerio Público Federal (MPF) investiga “crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero”, con “pagos ilícitos” efectuados por un empresario “para la organización criminal liderada por Michel Temer”.
La prisión preventiva se justificaba, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda sigue “en plena actividad” y que en 40 años habría “obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1.800 millones de reales” (unos 470 millones de dólares).
La decisión de liberarlo “reconoció la arbitrariedad y la violación de los procedimientos”, afirmó el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido de Temer y de Moreira Franco, que desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) fue aliado de casi todos los gobiernos, sean de izquierda o de centroderecha.
Temer, investigado por sospechas de corrupción también en otros procesos, se convirtió en el segundo ex presidente brasileño detenido desde el retorno de la democracia. El primero fue Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), quien purga desde abril de 2018 una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, también en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil.
Elogiada desde 2014 por atreverse a ir tras prominentes empresarios y políticos -antes considerados “intocables”-, la operación Lava Jato también es muy criticada por algunos juristas por usar en exceso la herramienta de la “delación premiada”, por la que los implicados delatan a sus cómplices a cambio de que le bajen las condenas. (AFP, AP y EFE)
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