Volverán a juzgar a Abal Medina por una propaganda de Fútbol para Todos

La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento y ordenó profundizar la investigación al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y otros ex funcionarios kirchneristas por supuesto delito en la emisión de una publicidad que aludía al Grupo Clarín y la ley de Medios en “Fútbol para Todos”, el 22 de septiembre de 2012.

La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Mariano Llorens, quienes revocaron los sobreseimientos y dejaron con falta de mérito a Abal Medina, Rodrigo Martín Rodríguez, Gustavo Russo y Alfredo Scoccimaro,.

“Consideramos que la instrucción vislumbra aún un estado incipiente que no ha esclarecido todos los extremos relevantes de los sucesos que componen su núcleo procesal”, concluyeron Bruglia y Bertuzzi al revocar el sobreseimiento que había dispuesto la jueza del caso, María Servini.

A raíz de ello, calificaron como “apresurado” el sobreseimiento y dispusieron que se dicte una nueva resolución una vez que se realicen nuevas medidas de prueba y se disponga toda otra diligencia “que se juzgue conducente para corroborar o desechar la hipótesis planteada”.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia del grupo Clarín por el presunto financiamiento con fondos públicos de una publicidad emitida el 22 de septiembre de 2012 “en la que se hacía referencia a las distintas consecuencias que tendría dicha empresa si no se adecuaba al plan de desinversión establecido en la ley 26522, la “Ley de medios”.

La jueza Servini sobreseyó el 3 de diciembre de 2018 a los imputados por el delito de peculado pero la querella reclamó que se investigue malversación de caudales públicos.

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“En ese sentido, indicó que la cuestión no versaba respecto de si se había realizado una erogación extra para financiar las publicidades, sino que esos fondos no habían sido utilizados para los fines previstos”, se explicó.

Acusan al presidente de la Cámara de Casación Penal

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, rechazó ayer por escrito ante el Consejo de la Magistratura las acusaciones por presunto abuso de autoridad y maltrato laboral al ordenar la detención de una prosecretaria judicial, y aseguró que actuó acorde a derecho y sin prejuicio de género.

Gemignani ejerció su defensa ante la Comisión de Acusación del Consejo, donde se tramita la denuncia que recibió luego de que ordenó detener, en 2016, a una prosecretaria de ese tribunal por presunta “desobediencia a la autoridad” y “encubrimiento”, cuando la mujer se negó a hacer un inventario.

Además, negó tajantemente que hubiera mediado una cuestión de género, al señalar que no realiza “diferencias de trato con funcionarios ni empleados con arreglo al género”.