Un hombre que luego de 44 años pudo denunciar por abuso sexual a un sacerdote que actuó en nuestra ciudad, inició una campaña en Change.org para que se declaren imprescriptibles las diferentes modalidades de pedofilia y la acción penal se extinga sólo en caso de la muerte del imputado.
Este petitorio iniciado por Ricardo Raúl Benedetti, uno de los denunciantes del cura platense Héctor Ricardo Giménez, reunió casi 4.000 firmas en sólo dos semanas.
Benedetti, quien se reconoce como sobreviviente de abuso sexual eclesiástico, está peleando para reabrir una de las tres causas en las que Giménez fue denunciado.
Bajo el hashtag #PedofiliaSinPrescripción, Benedetti reclama “que el Congreso trate los proyectos de ley sobre imprescriptibilidad del abuso sexual infantil”.
“Que se declare imprescriptible este tipo de delitos implicaría una sanación a la vez personal y como sociedad; pero además disponer de más herramientas para la prevención de estas acciones aberrantes”, dijo Benedetti, quien tenía 8 años cuando fue abusado pero recién pudo “tomar conciencia” de esto y “recordar los detalles” más de 40 años después.
“La Justicia tiene que tomar nota del proceso que hace toda víctima hasta que recuerda los hechos y se anima a denunciar, un proceso que tiene un tiempo que es diferente y personal para cada uno”, agregó.
La prescripción del delito de abuso sexual infantil ya había sido modificada en 2011 -con la denominada “Ley Piazza”- que fue reemplazada en 2015 por una nueva ley que prolongó los tiempos de la suspensión.
Mientras la Ley Piazza estableció que, en el caso de abuso infantil los tiempos de prescripción comenzaban a correr una vez que la víctima cumpliera 18 años, la ley 27.206 volvió a reformar el Código Penal para establecer que para este tipo de delitos el plazo empieza a correr a partir de la denuncia independientemente de la edad de la víctima.
Más allá del camino legislativo, la imprescriptibilidad de este tipo de delitos está comenzando a ser reconocida por vía judicial, como ocurrió con la causa del cura Justo Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusos cometidos entre 1985 y 1993.
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