La propiedad privada de los platenses y bonaerenses es innegociable

Diputado provincial (JxC)

Para comenzar un debate sincero y honesto sobre la problemática de las tomas y usurpaciones, cualquiera sea la problemática o política pública en cuestión, demanda en primer lugar despojarnos de aforismos ideológicos y realizar un análisis serio y multidisciplinario que nos permita buscar soluciones sobre la base del consenso sin justificar ilegalidades o afirmar realidades que carecen de veracidad en los hechos.

El derecho de propiedad es una de las condiciones fundamentales de la sociedad humana. A este derecho se lo relaciona en forma reiterada con el de libertad y en nuestro ordenamiento jurídico nacional es un derecho que goza de tutela especialísima en nuestra Constitución Nacional (Art 17), en esa sintonía nuestros legisladores le otorgaron a la propiedad carácter de bien jurídico tutelado en nuestro Código Penal, y entre las múltiples conductas delictivas tipificadas en esa materia, aparecen las usurpaciones en el Art. 181 con penas de prisión de 6 meses a 3 años para quienes cometen este tipo de delitos.

Las usurpaciones de tal forma son delitos tipificados por el Código Penal, que demandan una ejemplar y colérica intervención de la Justicia para restituir el inmueble usurpado y una actitud preventiva en términos de seguridad por parte de las jurisdicciones provinciales en donde se consuman.

Desde el inicio de la Cuarentena decretada por el Presidente de la República y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, desde el Bloque de Diputados de “Juntos por el Cambio” que integro en la Legislatura bonaerense, junto a los Intendentes de nuestro espacio, hemos manifestado nuestra absoluta preocupación por el exponencial aumento de las usurpaciones y tentativas de usurpaciones en la Provincia a propiedades privadas, más específicamente en los distritos de La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, San Vicente, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín y San Fernando, que al día de la fecha se materializa en aproximadamente 1.801 denuncias judiciales sobre la problemática en cuestión, 868 procedimientos, 524 aprehensiones y 43 kilómetros cuadrados que equivalen a 4.300 hectáreas en estado de usurpación.

En ese sentido hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia múltiples iniciativas legislativas para palear esta problemática en crecimiento, entre ellas, una de mi autoría que es un proyecto de ley que declara la emergencia en materia de Usurpaciones en la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de suspender cualquier dilación procesal o temporal, que retrase la sentencia de los jueces penales o civiles en la restitución de los inmuebles usurpados y cuyo tratamiento sobre tablas fue rechazado por el oficialismo en la última sesión realizada en la Cámara baja bonaerense.

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Cuando nos referimos a un avance exponencial o un contexto de emergencia en materia de usurpaciones, pongo como ejemplo nuestra ciudad de la Plata, en donde en el primer mandato del Intendente Julio Garro se gestaron 8 tomas, que fueron relocalizadas y solucionadas desde un abordaje integral habitacional, social y urbanístico. En cambio, desde el inicio de la cuarentena ya se registran 22 tomas activas en distintos puntos de la ciudad, situación que se replica en los municipios antes mencionados y que ha generado un verdadero colapso del sistema judicial y una verdadera subestimación de la problemática por parte del Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Seguridad Sergio Berni. El aumento exponencial de usurpaciones al que hacemos referencia no es casualidad y responde a un patrón de crimen organizado, y cierta anuencia de un sector de la política, que merece el rechazo absoluto e innegociable por parte del Estado.

Sin lugar a dudas la problemática habitacional en nuestra provincia demanda por parte del Estado un plan estratégico de políticas públicas de urbanización a largo plazo y no es casualidad que en los últimos 33 años de la Provincia, 29 años fueron gobernados por el mismo espacio político con un déficit más que preocupante en la materia. En ese marco quiero destacar que en La Plata durante los últimos 4 años ha comenzado bajo la gestión de Julio Garro, un ambicioso y estratégico plan de urbanización de asentamientos y villas, que contó con el apoyo de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y del ex presidente Mauricio Macri, que beneficio y relocalizó en viviendas dignas con los servicios públicos esenciales a muchísimas familias platenses, en barrios como Puente de Fierro (Altos de San Lorenzo), Mercadito (Ringuelet), Malvinas (San Carlos) y Nuevo Abasto (Abasto), y que esperamos con que siga respaldado por la gestión nacional y provincial actual.

El derecho constitucional de acceso a la vivienda digna merece un debate profundo y políticas públicas activas en la Provincia de Buenos Aires, pero jamás se puede justificar el delito penal de usurpación y vulnerar de manera flagrante el derecho constitucional a la Propiedad Privada.

Como desde el primer día seguiremos estando a disposición del Gobernador Kicillof para buscar soluciones a la problemática descripta, pero dejando en claro que jamás avalaremos la comisión de delitos y que es absolutamente innegociable nuestra defensa por la propiedad privada de todas y todos los bonaerenses.